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El Imparcial / Sonora / Sistema de Justicia Laboral

Enfrenta desafíos nuevo Sistema de Justicia Laboral

La aplicación en Sonora del Nuevo Sistema de Justicia Laboral enfrenta varios desafíos que de no superarlos podrían dificultar su operación a partir de noviembre de 2018, destacaron los actores involucrados en su implementación y expertos laborales.

Hasta ahora el único avance, coincidieron, es la armonización de la Constitución Política del Estado de Sonora a la Carta Magna Federal, con lo que está en facultad de que se le realicen modificaciones para aplicar nuevos reglamentos en materia de justicia laboral.

Pero prevén que en la discusión de la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, donde se dictará la forma en que se desarrollarán los procedimientos para impartir justicia, es donde podría empantanarse el proceso por ser un año electoral.

El Nuevo Sistema de Justicia Laboral forma parte de las reformas estructurales planteadas por el Gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, con lo que las demandas de patrones y trabajadores ahora serán del orden judicial y no administrativo, como ocurre hasta ahora.

Esta nueva modalidad de impartir justicia busca poner a la conciliación antes que las demandas judiciales, por lo que un sistema parecido a la mediación será obligatorio, antes de que un juez de lo laboral conozca de los casos.

Alejandro Barrientos Garza, abogado especialista en materia laboral, resumió en cuatro puntos principales la reforma laboral: El primero es la sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces o tribunales laborales.

Un segundo punto es la creación de centros de conciliación y arbitraje, que es la parte que será administrativa, y la instauración de un proceso conciliatorio obligatorio; así como un centro de registros colectivos de trabajo, que ahora dependerá del Gobierno federal.

Como cuarto punto figura que, la empresa que requiera conformar un sindicato, deberá contar con la aprobación del 30% de los empleados y no sólo la firma del líder sindical, como pasa actualmente.

"Jurídicamente esto está interesante porque tiene una cuestión política de trasfondo porque ya le estás quitando como Federación a los estados la facultad de registrar o hacer sindicatos, una vez que nazca la reforma, sólo va a poder autorizar sindicatos la Federación", expresó.

La conciliación es uno de los puntos más importantes de esta reforma, consideró Barrientos Garza, ya que supondrá que quienes actúen como conciliadores entre patrones y trabajadores sean personas capacitadas, con capacidad de negociación.

"La conciliación va a ser obligatoria, porque ahorita si alguien no quiere negociar pues no concilia, si un trabajador llega y dice que no quiere conciliar, que se quiere ir a juicio, hasta que tope y si no lo convencen pues se sigue (la demanda), no hay obligación de conciliar", explicó.

Actualmente un trabajador tiene a su favor la figura de un procurador que defiende sus derechos, apuntó, que es un defensor de oficio que lleva el asunto de manera administrativa, mientras que con el nuevo sistema ambas partes, luego del proceso de conciliación, estarán ante un juez que resolverá el caso.

El especialista consideró que la reforma es positiva porque resolverá vicios que tiene la forma actual de procurar justicia para los trabajadores y patrones.

"Es muy conveniente. En mi opinión uno de los grandes males en el derecho del trabajo es el coyotaje, hay muchas demandas de gente que no quería demandar, de gente que nadie conoce, demandas que entran porque no hay un impedimento que impida que entren.

"Gente que tiene dos o tres demandas al mismo tiempo, caminando al mismo tiempo contra dos o tres empresas distintas. Con poner una instancia previa a conciliar esos vicios se tienen que acabar", expresó el litigante.

Para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, uno de los puntos en los que han insistido desde el Poder Judicial es en comenzar con carga cero en cuanto a la justicia laboral, es decir, no llevarse ni un solo caso de los que actualmente estén en proceso en las juntas de conciliación.

Agregó que también, el Poder Judicial debería crecer en instalaciones y personal para dar una buena atención en la procuración de justicia laboral, para no caer en el problema que actualmente tienen las juntas, que es el rezago.

"No quiero meterme en asuntos del secretario del Trabajo, pero creo que hay más de 30 mil asuntos en Sonora, y de esos, más de 15 mil están en Hermosillo", apuntó, "imagínense, un juzgado laboral no debe recibir más de 660 asuntos al año para solventarlos en tiempo razonable".

Enfatizó que otro problema es la falta de personal para integrar el nuevo sistema, ya que por las medidas de austeridad aplicadas en el Gobierno del Estado, no será posible la ocupación de nuevas plazas, por lo que a medida que se cierren los juzgados penales, incorporarán a ese personal a los juzgados laborales.

Si bien es honroso que se haya pensado en el Poder Judicial para impartir la justicia laboral, apuntó Gutiérrez Rodríguez, había otras soluciones para superar los problemas que actualmente se presentan en las juntas de conciliación.

"No quiero que se malinterprete y quiero subrayarlo, el problema no ha sido quién está al frente, sino el mismo sistema de justicia laboral, que yo creo que sí es necesario comenzar de cero y no irlo parchando, ir parchando no es deseable", refirió.

El Poder Judicial lo que garantiza con este cambio es que habrá suelo parejo, añadió, porque los jueces tienen que resolver en base a la ley y no en base a simpatías.

"Aquí hay un andamiaje de normas, hay un andamiaje jurídico, el juez no puede decir: Creo que tiene la razón porque así lo siento, no, tiene que haber pruebas, tiene que resolver en base a la ley y no con base en quién le simpatiza más o algo así", sostuvo.

Jorge Emilio Claussen Marín, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sonora, consideró que, de funcionar, la mediación obligatoria podría solucionar gran parte de los problemas entre patrones y trabajadores.

Detalló que la pretensión es pasar cargas procesales que ahorita le corresponden a la autoridad administrativa a la autoridad judicial, con la idea de que los procesos caminen y se resuelvan con prontitud.

El funcionario expresó su desacuerdo con los cambios en la justicia laboral por considerar que no eran necesarios.

"Yo sostengo que no era necesario, yo creo que otorgándole más recursos materiales, humanos y financieros a las juntas de Conciliación, y dándoles más autonomía", puntualizó, "pudimos haber resuelto a nivel nacional el problema a la par de un cambio en la Ley Federal del Trabajo".

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