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Abogado logra que el Issste pague cirugía privada tras promover un amparo por su abuela

Después de una semana de incumplimientos y un desacato judicial, la paciente fue operada en un hospital subrogado; ahora más de 150 personas le han solicitado orientación para defender su derecho a la salud.

Abogado logra que el Issste pague cirugía privada tras promover un amparo por su abuela

Tras padecer como familiar de un paciente las deficiencias del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del Issste, el abogado sonorense Andrés Ortega decidió promover un amparo para que su abuela pudiera recibir una cirugía de urgencia en un hospital privado, subrogado por la institución.

El profesionista explicó que su abuela, Adelina, ingresó al hospital el 5 de junio por un problema en la vesícula, pero después de dos días de espera, la familia observó que la instituci´pon no contaba con las condiciones necesarias para practicar la intervención quirúrgica.

Nosotros estuvimos ahí de buena fe esperando que recibiera la atención médica, y fue hasta el domingo por la tarde cuando vimos que las condiciones y la infraestructura para poder atenderla y llevar a cabo este procedimiento no se iba a dar a la brevedad posible porque no estaban en condiciones tanto el quirófano como el área de piso para cirugía”, relató.

Ante esta situación, la noche del domingo presentó un juicio de amparo de tramitación urgente ante un Juzgado de Distrito para solicitar una suspensión de plano, una medida que obliga a la autoridad a resolver de manera inmediata la violación a un derecho fundamental.

“La suspensión de plano requiere a la autoridad para que dentro de 24 horas resuelvan el problema que señalé en el amparo, y ese era la intervención quirúrgica que requería mi abuela”, explicó.

Aunque el juez concedió la medida cautelar, aseguró que el Issste no pudo cumplir materialmente con la resolución judicial, por lo que una semana después su abuela fue trasladada al Hospital San José, donde finalmente fue intervenida quirúrgicamente.

Señaló que, incluso con conocimientos jurídicos, el proceso duró más de lo esperado, situación que como familiar de su abuela, lo frustro demasiado.

Fue una semana de estar forcejeando con la autoridad para que pudieran dar cumplimiento. Incluso incurrieron en desacato judicial porque prefirieron estirar la liga en lugar de darle cumplimiento al plazo que había señalado el juez, y si así fue para una persona que conoce de leyes, no me imaginó las distintas personas que se encuentran internadas en el hospital”, afirmó.

Tras compartir su experiencia en redes sociales, Ortega aseguró que alrededor de 150 personas se han comunicado con él para solicitar orientación sobre cómo acceder a este recurso legal, cuando consideran vulnerado su derecho a la salud.

“La verdad sí me han hablado bastantes personas, yo creo que alrededor de unas 150 al corte de hoy. Desde luego yo no busco generar ninguna retribución económica por la orientación, solo estoy motivado por lo que viví en carne propia y lo que trato de canalizarlos al Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, que pueden llevar cualquier amparo en materia de violación a sus derechos humanos”, indicó.

El abogado aclaró que tanto el juicio de amparo como la asesoría brindada por el Instituto Federal de Defensoría Pública son completamente gratuitos, por lo que cualquier persona puede acceder a ellos cuando considere que sus derechos humanos han sido vulnerados.

“No, el amparo es totalmente gratuito y, como te comentaba, ahí en el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal también el trámite es gratuito. Hay abogados defensores públicos que se encargan exclusivamente de atender este tema”, señaló.

Asimismo, explicó que cuando una institución pública de salud no cuenta con la capacidad para brindar la atención médica requerida, está obligada a gestionar la subrogación del servicio sin costo para el paciente.

La subrogación es totalmente gratuita porque es obligada la institución a proporcionarte la atención, y cuando no puede proporcionártela porque no cuenta con los insumos, la institución es la que debe gestionar el traslado. El derechohabiente no tiene que preocuparse de absolutamente nada”, dijo.

Actualmente, su abuela, Adelina, ya fue dada de alta y continúa su recuperación en casa, luego de permanecer dos días en observación tras la cirugía.

Afortunadamente, expresó, ella tuvo el procedimiento quirúrgico que necesitaba, gracias al poder de la Constitución, y espera que otras personas aprovechen su caso, para exigir la restitución de sus derechos violentados en materia de salud.

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