Cerro de La Campana

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reconoce la importancia de regular los contenidos violentos en los entornos digitales, pero advierte que el decreto presidencial podría quedarse corto si sólo repite obligaciones que ya existen en la ley.

La protección de niños y adolescentes exige más que un anuncio: Requiere que las plataformas asuman responsabilidades concretas y que existan mecanismos para vigilar su cumplimiento, señala el organismo que coordina Tania Ramírez Hernández.

Uno de los principales cuestionamientos de Redim es que niños y adolescentes no fueron consultados, pese a que la medida afecta directamente su vida digital.

Protegerlos no significa simplemente restringir el acceso a Internet, las redes sociales o los celulares, refiere, sino garantizar espacios seguros donde se respeten sus derechos y se prevengan las distintas formas de violencia.

También le preocupa la falta de claridad sobre qué se considerará contenido violento y los riesgos de verificar la edad mediante datos biométricos, como el reconocimiento facial. A esto se suma la necesidad de atender problemas como la explotación sexual, la trata y el reclutamiento forzado, sin dejar de lado la educación y la prevención.

La advertencia de Redim pone sobre la mesa el reto de fondo: Un decreto no garantiza por sí solo que las infancias estén más seguras en Internet. Sin obligaciones claras para las plataformas, vigilancia efectiva, sanciones por incumplimiento y participación de niños y adolescentes, la medida corre el riesgo de quedarse en el papel.

Doce años después del derrame tóxico de Buenavista del Cobre, el Gobierno federal puso en marcha un nuevo programa de remediación ambiental en la Cuenca del Río Sonora.

El anuncio llega tarde para las comunidades que desde agosto de 2014 han exigido respuestas por los daños ambientales y las consecuencias para sus habitantes.

El plan contempla retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado, analizar 800 muestras y definir las zonas que requieren limpieza a lo largo de 288 kilómetros de la cuenca. Las labores principales tienen un plazo estimado de 87 días, pero la dimensión del problema exige algo más que cumplir un calendario: Hace falta conocer qué tan contaminada sigue la región y cómo se comprobará que el suelo quedó realmente saneado.

En representación de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, presentó el proyecto de trabajo ante autoridades estatales, municipales e integrantes de los Comités de Cuenca.

Reafirmó el compromiso de mantener una presencia permanente en la región para supervisar los avances y atender las inquietudes de la población.

A quienes dejaron para después el pago de la revalidación de placas vehiculares, la Secretaría de Hacienda estatal, que coordina Carlos Hernández Cordero, les abrió una ventana para ponerse al corriente sin pagar los recargos por mora.

El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que del 15 de octubre al 31 de diciembre podrán regularizar adeudos de 2026 y años anteriores, siempre que liquiden el monto completo en una sola exhibición. Carlos Hernández

El beneficio no se limita a los automovilistas: También contempla descuentos del 100% en recargos de otras contribuciones estatales, entre ellas las relacionadas con el transporte público, el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, el hospedaje y las licencias para vender y consumir bebidas alcohólicas.

La medida busca incentivar la recaudación y dar una salida a quienes acumularon pendientes con el fisco estatal. Eso sí, no es un borrón y cuenta nueva: Se deben cubrir los adeudos correspondientes y existen restricciones para contribuciones sujetas a determinados procedimientos de fiscalización o defensa legal.