Cerro de La Campana

Una explicación deben dar las autoridades federales sobre lo que ocurre en los retenes instalados en Sonora, a partir de las denuncias que han comenzado a difundirse en redes sociales sobre presuntos abusos contra viajeros.

Y es que al menos dos paisanos radicados en Estados Unidos han denunciado haber sido víctimas de “robo” por parte de supuestos agentes comisionados en dichos puntos de revisión, uno de ellos en las cercanías de Santa Ana.

Mientras un ciudadano denunció haber sido despojado de mil 400 dólares, otro aseguró haber perdido al menos 3 mil pesos y 100 dólares. Uno de los casos incluso trascendió en un medio de comunicación local de Arizona.

Ante estos señalamientos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que encabeza Gustavo Salas Chávez, también inició por conocimiento de hechos una carpeta de investigación, aunque aclaró que hasta el momento no cuenta con una denuncia formal.

“Una vez formalizada la denuncia y corroborados los hechos, la investigación continuará con independencia de que se determine la posible comisión de un delito del fuero común o federal. En este último supuesto, se remitirá a la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe de acuerdo a sus atribuciones legales”, refirió en su comunicado.

No hace mucho, los comités ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para evitar la operación de puestos de control en las carreteras del Estado, a menos que existiera un objetivo plenamente justificado.

Ahora, con estas nuevas denuncias, el tema vuelve a colocarse sobre la mesa y corresponde a las autoridades federales aclarar quiénes están a cargo de estos retenes, bajo qué protocolos operan y qué controles existen para evitar abusos contra quienes transitan por las carreteras sonorenses.

La Secretaría de Salud intensificó la campaña para advertir que vapear puede exponer al organismo a cientos de sustancias químicas, muchas de ellas ajenas a lo que los consumidores creen estar inhalando.

De acuerdo con Jesús Alberto González, jefe del Departamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de Coesprisson, algunos dispositivos reportaban apenas tres o cuatro ingredientes en su etiqueta.

Sin embargo, los análisis cromatográficos detectaron compuestos como propilenglicol, linalol y eugenol, utilizados también en productos destinados a otros fines, incluso fuera del consumo humano.

Entre los compuestos encontrados hay algunos utilizados para matar peces en acuarios y otros empleados como plaguicidas para eliminar moscas, abejas y diversos organismos.

Ante estos hallazgos, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora reforzó la vigilancia sanitaria y la destrucción de vapeadores, al considerar que conocer su contenido permite dimensionar los riesgos asociados con su uso.

El llamado de las autoridades es claro: Vapear no significa inhalar solamente saborizantes o los ingredientes que aparecen en una etiqueta. Puede implicar respirar una mezcla química mucho más amplia y, además, exponerse a componentes relacionados con la adicción.

La Iglesia Católica entró al debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial y llamó a las autoridades a establecer reglas y límites para esta tecnología.

Desde su editorial Desde la Fe, advirtió que el avance tecnológico no puede dejar de lado la dignidad humana y planteó preguntas sobre quién debe responder cuando un sistema de IA provoca daños, cómo proteger la privacidad y qué hacer ante sus efectos en el empleo, los derechos de autor y la seguridad.

El planteamiento coloca a la Iglesia en una discusión que ya no es sólo tecnológica: Quién debe poner límites a la IA y hasta dónde puede llegar su intervención en decisiones que afectan a las personas.