Cerro de La Campana

La cancelación de la visa estadounidense a López Beltrán, hijo del ex presidente Obrador, se convirtió rápidamente en tendencia en X y, quizá más importante, en tema obligado dentro de los círculos políticos del País.

La reacción fue prácticamente inmediata y reflejó la polarización que acompaña al apellido López Obrador. Morena y sus aliados salieron en defensa de “Andy” y calificaron la medida como un acto de presión, desprestigio e injerencia de Estados Unidos en la política mexicana.

La oposición, particularmente el PAN, aprovechó el episodio para exigir investigaciones sobre los señalamientos que han rodeado al hijo del ex Presidente y pedir que las autoridades mexicanas revisen sus operaciones financieras y posibles vínculos empresariales.

Pero entre acusaciones y defensas hay un dato que conviene no perder de vista: El Gobierno de Estados Unidos no ha confirmado públicamente que Andrés Manuel López Beltrán tenga cancelada su visa ni ha explicado una causa específica relacionada con él.

Lo que sí existe es una declaración general del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien informó que Estados Unidos ha revocado más de 175 mil visas como resultado de su programa de revisión continua. Entre las causas mencionadas están el incumplimiento de las condiciones migratorias, violaciones a la ley y situaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

Es decir, hasta ahora, una cosa es el hecho político que ha generado la noticia y otra muy distinta una explicación oficial estadounidense sobre el caso particular de López Beltrán.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por interpretar la medida como política y como un acto de injerencia. Morena hizo lo propio y cerró filas.

“Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón, y lo usa quién, pues la derecha mexicana que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos”, destacó.

La advertencia del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de que Estados Unidos está dispuesto a llevar su ofensiva contra los cárteles “hasta México” no puede tomarse como una declaración más dentro del discurso de presión de la administración de Donald Trump.

No es la primera vez que desde Washington se habla de intervenir directamente contra organizaciones criminales mexicanas. Lo preocupante ahora es el tono y, sobre todo, el antecedente de una campaña militar que Estados Unidos ya emprendió contra presuntas embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 200 muertos.

Hegseth fue explícito: Estados Unidos busca trasladar a tierra el mismo tipo de operación que ya realiza en el mar. Y aunque México no forma parte de la alianza anticárteles que impulsa Washington, el País aparece expresamente en la advertencia.

El problema no es reconocer la amenaza que representan los cárteles. México también enfrenta esa realidad y tiene la obligación de combatirla. El problema es que una operación militar estadounidense en territorio mexicano implicaría cruzar una línea que corresponde a la soberanía nacional.

La relación entre México y Estados Unidos exige cooperación en seguridad, intercambio de información y acciones coordinadas contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales. Pero cooperación no significa permitir que otro País decida cuándo, dónde y cómo utilizar la fuerza dentro de nuestro territorio.

La advertencia de Hegseth debería ser tomada con seriedad por el Gobierno mexicano. No para responder con estridencia, sino para dejar perfectamente claro que la lucha contra el crimen organizado puede y debe ser internacional, pero bajo reglas acordadas y con respeto absoluto a la soberanía de cada nación.