Cerro de La Campana

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, volvió a colocar sobre la mesa un tema que durante años ha sido uno de los principales reclamos del Gobierno mexicano: El tráfico ilegal de armas que cruza desde territorio estadounidense y termina en manos de grupos del crimen organizado.

Esta vez presumió el desmantelamiento de varias redes de tráfico en Arizona, con casi 30 personas detenidas, y aseguró que bajo la administración del presidente Donald Trump ya se han decomisado más de 50 mil armas.

No es la primera ocasión que destaca este tipo de acciones; en marzo de este año también informó sobre el aseguramiento de 4 mil 500 armas que pretendían ingresar de manera ilegal a México.

Durante años, Washington exigió a México mayores resultados en el combate a los cárteles, mientras que el Gobierno mexicano insistía en que el flujo de armas desde Estados Unidos alimentaba la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. Hoy, al menos en el discurso, la administración estadounidense reconoce que cortar esa cadena de suministro también es una responsabilidad propia.

Para Sonora, el tema tiene un significado especial. Su extensa frontera con Arizona la convierte en una zona estratégica tanto para el comercio legal como para las actividades del crimen. Cada red de traficantes que es desarticulada del lado estadounidense representa una oportunidad para reducir el ingreso de armamento.

Hoy se cumplen doce años del peor desastre ambiental provocado por la minería en la historia de México. El 6 de agosto de 2014, alrededor de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado se derramaron desde las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre hacia el arroyo Tinajas, para después recorrer el río Bacanuchi y el Río Sonora, afectando a miles de familias.

Las consecuencias alcanzaron a más de 22 mil habitantes de ocho municipios: Cananea, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures. Para muchos de ellos, el impacto no sólo significó la contaminación del agua y de los suelos, sino también años de incertidumbre sobre los efectos en la salud y en las actividades productivas de la región.

Doce años después, el Gobierno dio un paso que las comunidades habían esperado durante mucho tiempo: Colocó la primera piedra del Hospital Regional del Río Sonora, una de las principales demandas surgidas tras el derrame. El proyecto ofrecerá atención especializada en toxicología, nefrología, hemodiálisis, medicina interna y vigilancia epidemiológica para beneficiar a más de 60 mil habitantes de la región.

El acto reunió a funcionarios federales, entre ellos el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, quienes reiteraron el compromiso de avanzar no sólo en la construcción del hospital, sino también en la recuperación ambiental de la cuenca y en garantizar agua de calidad para las comunidades.

El gobernador Alfonso Durazo señaló que el compromiso no termina con la edificación del hospital. Aseguró que también continuará el proceso de remediación del Río Sonora, una demanda que durante más de una década ha permanecido vigente entre los habitantes de la región.

El acuerdo contempla una aportación de mil 500 millones de pesos de Grupo México, empresa responsable del derrame; 483 millones de pesos del Gobierno federal, 180 millones del Gobierno de Sonora y 59 millones que la minera había depositado previamente ante la Junta Federal de Conciliación.