Cerro de La Campana

Durante años, desde distintos espacios en Estados Unidos, se ha construido un discurso que coloca a México como el principal foco de inseguridad en la región. Las alertas de viaje, las constantes críticas al combate al crimen organizado y las presiones para endurecer la estrategia de seguridad han sido parte de esa narrativa.

Sin embargo, episodios como el ocurrido este fin de semana en Tucson, Arizona, recuerdan una realidad que con frecuencia se omite: La violencia también es un grave problema del lado estadounidense.

La propia alcaldesa de Tucson, Regina Romero, hija de padres sonorenses, reconoció que el ataque armado, en el que nueve personas resultaron heridas, fue consecuencia de un “acto grave y sin sentido de violencia con armas de fuego” y señaló como una de las causas el fácil acceso a las armas y las débiles leyes de control en Arizona.

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Es una admisión que proviene de una autoridad local y que pone el dedo en una herida que Estados Unidos no ha logrado cerrar.

Mientras desde Washington se exige a México frenar el tráfico de drogas y combatir a los grupos criminales, el Gobierno estadounidense sigue sin resolver uno de los factores que más alimenta la violencia dentro y fuera de su territorio: La circulación prácticamente irrestricta de armas. Muchas de esas armas, además, terminan cruzando ilegalmente la frontera y fortaleciendo el poder de fuego de los grupos delictivos en México.

No se trata de minimizar la crisis de violencia que enfrenta México, sino de reconocer que el problema es compartido y que las responsabilidades también lo son. Resulta contradictorio que desde Estados Unidos se señale permanentemente a México por sus niveles de inseguridad cuando ciudades estadounidenses viven, con preocupante frecuencia, tiroteos masivos en escuelas, centros comerciales, iglesias, conciertos o espacios públicos.

El mensaje de Regina Romero también evidencia que la discusión en Estados Unidos sigue estancada entre quienes impulsan mayores controles y quienes defienden, casi sin límites, el acceso a las armas.

El dato más relevante del acuerdo aprobado por el Instituto Estatal Electoral no es solamente la acreditación de Somos México como nuevo partido político nacional con presencia en Sonora, sino el impacto que tendrá en la bolsa de recursos públicos que se distribuye entre todas las fuerzas políticas.

La llegada de un nuevo partido significa que el pastel no crece: Simplemente se reparte entre más comensales.

A partir del segundo semestre de 2026, el IEE, coordinado por Nery Ruiz, redistribuyó 14.07 millones de pesos para el financiamiento ordinario de los partidos políticos en la entidad, luego de acreditar a Somos México y prever también recursos para el partido nacional Paz.

En términos económicos, el nuevo partido Somos México recibirá 281 mil 420 pesos mensuales, exactamente la misma cantidad asignada a Paz, mientras que Morena continuará siendo el instituto político con mayor financiamiento, con 2.53 millones de pesos mensuales. Le siguen PRI (1.68 millones), PAN (1.65 millones) y PT (1.51 millones).

Lo interesante es que la incorporación de Somos México ocurre en un momento en que la ciudadanía mantiene un fuerte cuestionamiento sobre el costo del sistema de partidos. Aunque el monto asignado al nuevo instituto parece modesto frente a los partidos grandes, representa cerca de 1.7 millones de pesos en apenas seis meses de 2026, recursos que provienen del financiamiento público.

El debate de fondo no es si un nuevo partido tiene derecho a recibir prerrogativas -la ley lo establece-, sino si la proliferación de fuerzas políticas realmente fortalece la representación ciudadana o simplemente incrementa el costo de la democracia.