Cerro de La Campana
Pese a que hay responsabilidades de autoridades y empresa por la tragedia en Waldo’s, todo hace indicar que los más “castigados” son los comerciantes del Centro que han batallado con multas y burocracia.

Con el proyecto de calendario escolar 2026-2027 recién lanzado, muchos se hacen la misma pregunta, si hace unos meses el secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró que después de la entrega de calificaciones ya no hay un verdadero “propósito pedagógico”: ¿Por qué mantener casi tres semanas más de clases?
Y es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó ayer el borrador que indica que el 18 de junio se entregan calificaciones y extiende el ciclo hasta el 9 de julio de 2027, mientras conserva una semana adicional de vacaciones para los docentes, decisión que el Gobierno federal incluye como un reconocimiento a su labor.
Los cuestionamientos eran sobre el argumento que usó el funcionario de por qué mantener en las aulas cuando él mismo calificó ese periodo como un “tiempo muerto” e intentó explicar que era por el calor en varias entidades y el Mundial que instruyó terminar el ciclo escolar el 5 de junio en lugar del 15 de julio, lo que desataron fuertes críticas de padres de familia, maestros, la oposición y hasta gobernadores.
Ahora falta conocer si los gobiernos estatales proponen algún ajuste al considerar factores reales como las altas temperaturas que se registran durante el verano en Sonora.
Pese a que hay responsabilidades de autoridades y empresa por la tragedia en Waldo’s, todo hace indicar que los más “castigados” son los comerciantes del Centro que han batallado con multas y burocracia.
Han pasado más de ocho meses del incendio ocurrido en esa tienda del Centro de la ciudad y hasta el momento no hay un resultado final sobre qué sucedió, quiénes fallaron y por qué, así como las sanciones aplicables en uno de los más lamentables hechos registrados en Sonora que dejó 24 personas fallecidas y otras más que sufrieron lesiones.
Sin embargo, lo que sí se ha conocido es que los comerciantes de esa zona han tenido multas de 80 mil y hasta 100 mil pesos, cierres de negocios por parte de autoridades por trámites de permisos y revisiones de los tres niveles de Gobierno, así como caída de las ventas de hasta 50% a causa de esta situación.
Por eso, el presidente de la Unión de Comerciantes del Centro, Rubén López Peralta, adelanta que analizan realizar una marcha pacífica para que los gobiernos federal, estatal y municipal los escuchen y, por lo menos, agilicen los procesos de regularización.
La revisión de esos negocios es prioridad para evitar que se repita un caso como el de Waldo’s porque las dependencias deben hacer cumplir la ley para garantizar la seguridad a los visitantes. Ese rigor y transparencia también es necesario para deslindar responsabilidades, determinar y sancionar si hubo omisión, negligencia o alguna otra práctica que incidió en esta desgracia.
Un informe a detalle espera la presidenta Claudia Sheinbaum en el controvertido caso del piloto vinculado en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López que fue enviado por el Gobierno de México a Estados Unidos.
Después de las reiteradas solicitudes de información de la mandataria al Gobierno estadounidense sobre cómo se dio la captura y llegada a territorio estadounidense de Zambada y Guzmán, ha cobrado atención de que uno de los involucrados, el piloto, estuvo en manos de la justicia mexicana, pero fue enviado al vecino País junto con otros presuntos delincuentes.
Por eso, la presidenta Sheinbaum dijo ayer que le pidió informar a su gabinete de Seguridad y a la FGR en qué condiciones se entregó a quien fue el piloto que transportó en una aeronave a ambas personas para esclarecer este hecho, que también resulta del interés público.
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