Cerro de La Campana

La Universidad de Sonora cumple cinco días más paralizada y el conflicto entre rectoría y Staus parece haber entrado en una fase más crítica y mediática que de solución real.

La administración encabezada por la rectora Dena María Camarena Gómez sostiene que, tras la resolución del Primer Tribunal Laboral de Hermosillo de archivar el emplazamiento, ya no existe jurídicamente el periodo de prehuelga ni una comisión negociadora formal, aunque asegura mantener abiertos los canales de comunicación y haber realizado el máximo esfuerzo financiero posible.

Del otro lado, el Staus, encabezado por Cuauhtémoc Nieblas, acusa cierre del diálogo, desconocimiento de acuerdos e intentos de presión durante la prórroga, mientras escala sus protestas con acciones como la toma simbólica de ayer del Poder Judicial y llamados públicos a negociar. La rectoría rechaza participar en debates abiertos al considerarlos ejercicios de confrontación más que espacios útiles para resolver el fondo del conflicto.

El problema es que la disputa ya rebasó a ambas partes. Más de 40 mil estudiantes vuelven a quedarse sin clases apenas semanas después de la “huelga de hecho” del Steus, y ni el Estado ni la Federación muestran una mediación efectiva. Claudia Sheinbaum trasladó el tema al subscretario de Educación Superior, que a nivel federal es Ricardo Villanueva, y al gobernador Alfonso Durazo, quien también advirtió que la Unison no soporta dos huelgas en un año sin un daño severo a su imagen.

Cada parte defiende su narrativa; mientras tanto, la Unison parece estar a la deriva y los estudiantes siguen pagando el costo mayor.

Gerardo Mérida Sánchez

Dena María Camarena Gómez.

Si llegó o no a Estados Unidos con una supuesta “caja de pruebas”, si colaborará con las autoridades o si sus declaraciones alcanzarán a más personajes, son por ahora especulaciones que crecen con la expectativa que genera el caso en México.

Lo cierto es que el ex secretario de Seguridad del gobernador con licencia Rubén Rocha ya compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses; su defensa quedó en manos de Sarah Krisso , una abogada con experiencia precisamente en esa fiscalía. La próxima audiencia será el 1 de junio.

Mientras que el caso de Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas de Rocha y que también se entregó a Estados Unidos, ha desatado versiones de que podrían ser testigos protegidos.

Ambos forman parte del grupo de 10 ex funcionarios y políticos sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En medio de eso, llamó la atención el mensaje desde Morena, su presidenta Ariadna Montiel, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Inzunza y Gámez si les interesara la gubernatura de Sinaloa si serían incluidos en la encuesta de Morena y prácticamente cerró la puerta a perfiles con “mala reputación”, lo que pareció advertencia para todos.

Con el plan de cambiar la elección judicial para 2028, en lugar de 2027, y que se empate con la posible consulta de revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una propuesta al Congreso de la Unión, que incluirá modificar el complejo modelo de votación y también recortar las candidaturas.

Desde la oposición, los panistas criticaron que ese proyecto de hacer ajustes a la reforma que anticipa la mandataria es sólo “cosmética” porque es sólo para aplazarla, pero no resuelve los problemas de fondo.

Por cierto, aquí en Sonora el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego, dijo que ese proceso ya no le tocará porque su cargo concluirá en agosto del 2027.