Cerro de La Campana

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido la pelea política con una iniciativa que defiende por hacer, dice, más democrático el sistema, promover la participación ciudadana y ahorrar en el gasto electoral con un recorte de hasta 25%, pero su propuesta no ha sido bien recibida por la oposición ni el empresariado.

La propuesta de reforma, que mantiene 500 diputados, pero elimina las listas de representación proporcional para que todos resulten de la votación directa, fue resumida por Sheinbaum con una frase que resume su postura política: “Como Presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas”, lo que es respaldado por los morenistas y seguidores, pero para sus opositores es una mala señal.

Desde el PAN, Ricardo Anaya la bautizó como la “Ley Maduro”; desde otros sectores, el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, la acusa de imponerse “como le gusta al morenismo autoritario”. La crítica en la que coinciden analistas y adversarios políticos es que detrás del discurso de ahorro y mejora de las reglas, lo que se busca es concentrar poder y debilitar equilibrios institucionales que costaron décadas construir.

Dentro del sector privado también lanzaron un llamado, la Coparmex, liderada por Juan José Sierra Álvarez, advierte que no es momento para trastocar las leyes electorales cuando la seguridad y la inversión son prioridades y urgencias nacionales, además de que una reforma mal lograda puede afectar la confianza.

Por cierto, del lado del INE, hay consejeros que alertaron que quitar 300 juntas distritales y volver a órganos temporales pondría en riesgo la democracia.

Otras voces reclaman que la iniciativa presidencial no aborda la “narcopolítica”, que señalan como uno de los problemas más graves del Estado mexicano, porque no se incluyen filtros claros contra los “narco candidatos”.

También usuarios de redes sociales prenden las alarmas porque la iniciativa busca censurar estas plataformas con la regulación del uso de la Inteligencia Artificial, prohibición de bots y otros mecanismos.

Hay opositores que planean contrarreformas como el senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, que adelanta que presentará una propuesta contra la sobrerrepresentación.

La preocupación de varios sectores es que, aunque los aliados del PT y PVEM estén inconformes con la iniciativa, la historia del Congreso podría repetirse porque esa reforma se aprobará sin moverle ni una coma ya que en el momento decisivo siempre aparecen desde “la oposición” esos votos necesarios.

Muy cuestionados quedaron los diputados federales que aprobaron ayer que la reducción de la jornada laboral sea gradual y se concrete hasta 2030 con 40 horas y un sólo día de descanso, mientras que rechazaron una propuesta para que ellos trabajen 48 horas que aplican actualmente para los trabajadores mexicanos.

De inmediato, los legisladores “batearon” la iniciativa de la diputada emecista Laura Ballesteros quien les dijo: “Pongan el ejemplo, vengan a trabajar” pues buscaba un cambio en la Ley Orgánica del Congreso para que la jornada mínima obligatoria fuera de 48 horas.

La oposición aprobó la disminución de la jornada, pero calificó de “engaño”, que sea realidad hasta cuatro años más y que no se hayan aprobado los dos días de descanso.

La gente no tardó en criticar la privilegiada posición de los diputados y senadores que acusaron no trabajan ni seis horas, tienen permisos, comidas y salarios exorbitantes.

“Lo irónico es que, aquellos que discuten si la clase trabajadora merece o no la ya muy atrasada (en comparación con países progresistas) semana de 40 horas, ya gozan y han gozado de ese marco laboral. Así las cosas, en este México surrealista”.