Cerro de La Campana

La circulación de carros “chuecos” en el Municipio como otras ciudades del País sigue y con la indefinición de qué procederá con esos vehículos al concluir el decreto de regularización, los gobiernos federal, estatal y municipales deberán buscarle una salida al problema.

Al menos eso es lo que adelanta el comisario de la Policía Municipal de Hermosillo, Jesús Alonso Durón Montaño, porque reconoce la necesidad de tener un control de esos vehículos que no están legalizados, pero son parte de los accidentes de tránsito y algunas de esas unidades son utilizadas en hechos delictivos.

A nivel nacional se regularizaron casi 3 millones de autos “chocolates” desde que inició el programa en 2021 en el sexenio anterior y en Sonora fueron 204 mil 70 vehículos los que se beneficiaron del decreto federal, y que también provocaron que se disparara el parque vehicular con el impacto en las vialidades.

Hay mucha atención de lo que sucederá porque se calculaba que en Sonora había 600 mil carros “chuecos” en el Estado y porque en las calles se siguen observando unidades extranjeras de modelos recientes que portan claves de organizaciones afiliadoras.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de forma unánime, “le dieron palo” a una parte de la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Sonora que obliga a los ciudadanos a pedir autorización para manifestarse.

Hay que recordar que los diputados locales morenistas y sus aliados impulsaron en 2024 esa exigencia en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado que imponía a quienes hicieran alguna manifestación a avisarlo al menos con 72 horas de anticipación y si era alguna peregrinación, un desfile o acto de tipo político, 15 días antes. Quedó que sea un aviso, pero no como un requisito, pues los ministros argumentaron que no generará sanciones ni tampoco da facultades a las autoridades de impedirlas o modificarlas.

El rechazo de los ocho ministros que estuvieron a la sesión del Máximo Tribunal fue rotundo pues ejemplificaron que este tipo de exigencias de pedir autorización llevarían a precalificar si el derecho a la reunión o a la asociación se puede ejercer o no, según expuso la ministra Loretta Ortiz, quien además dijo que eso “es de un sistema antidemocrático y no es viable en una sociedad que se dice respetuosa de los derechos humanos”.

Es decir, en la “Nueva Corte del Pueblo” presidida por Hugo Aguilar, se reconoció el derecho a la protesta y libertad de manifestarse que tienen los ciudadanos, algo de lo que tendrán que tomar nota los diputados locales.

En medio del conflicto venezolano, en el Senado de la República se mantienen sin fecha definida para autorizar la entrada de una delegación de tropas estadounidenses que llegarían al País con fines de capacitación.

Los integrantes de la Comisión del Senado tienen pendiente darle curso a ese trámite, que se suponía abordarían en la sesión de este lunes, pero se canceló y aún no hay información de cuándo se atenderá ese tema.

El plan es que 19 miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL’s y 10 elementos del Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos ingresen a México para ser parte de un evento llamado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se prevé realizar del 19 de enero al 15 de abril, además hay otro grupo de 69 militares estadounidenses que busca estar en territorio nacional del 18 de enero al 13 de marzo.