Cerro de La Campana

Mientras el Congreso de la Unión trabaja una agenda cargada de reformas penales, laborales y administrativas, la gran batalla que se desatará será por la reforma electoral, que la presidenta Claudia Sheinbaum planea enviar a mediados de enero.

Aunque el impacto noticioso de la situación en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro le ha restado atención, hay voces que están recordando la trascendencia de estas modificaciones que se buscan hacer a las leyes electorales.

Desde el Gobierno federal, morenistas como Jesús Ramírez, integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, insiste en que el objetivo es reducir costos, financiamiento público y el tamaño del Congreso, sin desaparecer la representación proporcional.

Por su lado en el PRI han encendido alertas como Emilio Suárez, representante tricolor ante el INE, acusa que la reforma apunta a concentrar poder y a reinstalar un esquema de partido hegemónico, lo que argumenta es que una Cámara donde Morena y aliados obtuvieron 74% de las curules con 54% de los votos evidencia distorsiones que no pueden ignorarse.

Por lo pronto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, delineó la ruta para esta reforma que, dijo, inicia con la presentación en enero y la aprobación en marzo por el Congreso de la Unión, así como el aval de los congresos locales, ajustes a las leyes secundarias y todo lo que necesite para estar a tiempo para el proceso electoral que arranca en septiembre próximo.

La regularización de autos “chuecos” nació como un apoyo temporal, pero terminó siendo casi un programa sexenal, que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió finalizar pues aseguró que el decreto no sólo cumplió su fin de dar certeza jurídica a miles de familias, sino que “lo rebasó”.

El saldo de la legalización de vehículos usados de procedencia extranjera es de casi tres millones de unidades regularizadas y 7 mil 302 millones de pesos recaudados, recursos que, según la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, se destinaron a obras de repavimentación en los estados.

Aunque el monto suena alto, realmente para los problemas de baches en el País no pinta, pues sólo Hermosillo, en 2021 en tiempos del alcalde Fermín González, calculó que se requerían 6 mil millones de pesos para resolver el problema de baches, recarpeteo y nuevos pavimentos en la ciudad.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó ayer en la “mañanera del pueblo” que el programa logró su meta, pero además se estaban “importando de más” por eso decidió la abrogación del decreto que surgió en 2021 y que se amplió varias ocasiones en el sexenio anterior.

En la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores señalaron que la regularización masiva provocó la circulación de vehículos contaminantes y potencialmente inseguros.

Ahora falta ver qué pasará con los carros irregulares que aún circulan por el País y si resurgirán las famosas “pafas”, las poderosas agrupaciones que afiliaban a los dueños de los autos “chocolate”.

Por cierto, la presidenta Sheinbaum optó por mantener la calma tras las declaraciones del presidente Donald Trump y le respondió que no tiene miedo a los cárteles de la droga y rechazó que el crimen organizado gobierna México o de que una intervención militar estadounidense esté sobre la mesa. “No es necesario”, dijo, al subrayar que la soberanía no se negocia.

La mandataria mantuvo su postura de que la violencia no se combate con invasiones, sino con una estrategia integral, de atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional y las policías estatales, inteligencia e investigación, y coordinación. Que sí hay cooperación con Estados Unidos en información y capacitación, pero no intervención.