Cascabel

Otra vez perdimos: pareciera ser una sentencia que se repite, aunque no se pronuncie. Al menos una lectura posible del resultado de las pasadas elecciones es que los partidos políticos se adelantaron a la gente para interpretar lo que la gente quiere.

En un país donde gran parte de la población no quiere que las instituciones sirvan, o no saben para qué sirven —unos por desarrollo truncado, otros por desinterés o conformismo— la consecuencia inmediata es la de ciudadanos más condescendientes con el uso discrecional del poder por parte de los gobernantes. La falta de cultura cívica genera corrupción, abusos y clientelismo que, a su vez, genera más desconfianza y más desesperanza. Es, literalmente, un círculo vicioso.

Mentir, desinformar, tergiversar, confundir y evadir responsabilidades parecen prácticas normales; no sólo se aceptan, sino que se celebran. En el marco de esta permisividad se vuelve más difícil para la democracia evitar el abuso de poder. También para la justicia, frenar a quienes la desafían y para los buenos políticos trabajar.

Hemos normalizado una práctica que genera atentados contra la democracia, y que termina por lesionarla gravemente. Peor aún es que se ha instalado una narrativa impúdica dirigida contra los ciudadanos: no saben lo que quieren, no saben votar, o votar mal perjudica su propio bienestar.

Se repite esta narrativa en redes sociales, en la sobremesa familiar, en la calle. Es un juicio peligroso que esquiva cualquier responsabilidad de quienes detentan el poder.

En la legislatura, desde hace meses se vienen dando enfrentamientos por temas diversos que han impedido el avance en temas centrales para el país: desaparecemos de forma sostenida en participación ciudadana, en políticas públicas claras y transparentes, en el campo del actuar político, de aquí en adelante. Cuando hablamos de representación ciudadana, nos referimos a todos los ciudadanos.

La ausencia de representación ciudadana en el Congreso ha sido brutal, demoledora, irrebatible y lamentable; ha dejado en evidencia que los derechos de la ciudadanía no importan. Un Congreso sin idea de país, sin sensibilidad, que legisla con ocurrencias, que niega derechos a minorías, discapacitados y mujeres, y que no dicta leyes para garantizar mejores condiciones de vida para todos. Un Congreso que se niega a reconocer que debe su existencia a la población.

La ausencia total del Estado en la construcción de más infraestructura escolar y en programas educativos es vergonzosamente notoria. La escasa e intermitente participación del gobierno en programas que impactan en el desarrollo social es todavía más escasa.

A nivel de la salud, los ciudadanos continúan sometidos a largas y tortuosas esperas para recibir atención médica. El Gobierno de Guatemala invirtió, en mantenimiento de centros hospitalarios, únicamente 1,500 quetzales en cinco años. En serio, ¿le cabe en la cabeza a un burócrata que esto es normal?

Cuando hay “olvidos” en la Ley de Presupuesto se convierte en norma. Las decisiones políticas tienen implicaciones que afectan la vida de miles de personas. Estas omisiones en el presupuesto no se pueden justificar con discursos superficiales cargados de patriotismo y civismo fingidos.

La consecuencia del fracaso del Congreso se refleja en la actuación mediocre de instituciones como el Organismo Judicial. No hay inversión en infraestructura judicial, menos en el Ministerio Público. Nuestro sistema de justicia es lento, poco confiable y politizado. La población continúa sin acceso a la justicia real. El presupuesto para la justicia es una vergüenza.

Los resultados de estas prácticas nocivas se ven a simple vista. Ya no nos indignan decisiones absurdas; ya no nos duele la corrupción; ya no nos incomoda la impunidad. Cualquier persona con un mínimo de conciencia puede ver que el país se está yendo al despeñadero. La pobreza crece. El hambre se profundiza. Y la desigualdad golpea más fuerte cada día.

Estas dinámicas pervierten la esencia del Estado. La democracia exige participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y búsqueda del bien común. Pero si se tolera el abuso de poder, se erosiona la confianza en las instituciones hasta que colapsan.

En el nombre de quienes dieron su vida defendiendo la democracia y la libertad, no debemos permitir que quienes detenten el poder sigan destruyendo lo construido durante décadas. Guatemala merece gobernantes capaces, responsables y con visión. Merece ciudadanos críticos que no se conformen con migajas.