Cerro de La Campana

Nada bueno es el escenario que enfrenta el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, porque no sólo está es la crisis del gusano barrenador que ha golpeado duramente al sector ganadero y ahora ha estallado el conflicto de los agricultores de maíz con protestas que provocaron ayer un caos en más de 30 carreteras del País.

Los productores de maíz salieron a las calles para desconocer un supuesto acuerdo anunciado el lunes por el titular de la Sader y señalar que es una burla los 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco, cuando exigen 7 mil 200, además de reclamar que estas exigencias son por las promesas incumplidas.

Hay coraje en el campo mexicano de los productores de más de 15 estados que exigen un mayor precio de garantía al cereal y también de los afectados por sus protestas, los ciudadanos que quedaron varados por no poder circular en las carreteras del Centro del País, así como de miles de transportistas que quedaron atrapados en esos bloqueos; los empresarios estiman pérdidas de 40 millones de pesos.

Mañana, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Berdegué estará en la conferencia de prensa matutina donde se espera que aclare la situación que demandan los maiceros del País, así como los ganaderos que están a la espera de conocer los acuerdos con Washington sobre la reapertura de la frontera estadounidense al ganado de México, prevista para noviembre.

El debate sobre el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) es intenso dada la postura de Morena de que desaparezcan con la reforma electoral que se avecina y de quienes se oponen a esa propuesta.

Ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Roberto Herrera, quien preside la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas de México, conformada por presidentes de los Oples, defendió ayer a estos organismos y llamó a los legisladores que antes de decidir si se eliminan o permanecen, que analicen el rol que tienen en la organización de los comicios, así como el resultado que tiene en la estabilidad social y legitimidad.

En resumen, lo que explican es que, en 30 años, estos organismos han organizado 222 elecciones y tramitado más de 800 mil registros de aspirantes, asegurando paridad de género y resultados preliminares confiable y explican que la propuesta morenista de concentrar todo en el INE genera muchas preguntas sobre si la centralización garantizará eficiencia o provocará más conflictos logísticos.

En Sonora, los consejeros electorales también se habían pronunciado en la audiencia pública sobre la reforma realizada en Hermosillo pues el presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu, dijo que en el periodo de 2018 a 2025, el promedio del presupuesto autorizado para el Instituto representó apenas el 0.56% del total del Gobierno estatal, y que esa proporción significaba una inversión para la transición pacífica del poder y la gobernabilidad democrática.

Si en algo se pudieron poner de acuerdo los diputados federales fue en la Ley General contra la Extorsión que fue aprobada de forma unánime en busca de combatir la impunidad en este delito.

De acuerdo con lo avalado por los legisladores, el nuevo marco homologa penas de seis a 15 años, y hasta 25 en casos agravados, con el plan de una persecución más firme.

También hubo cuestionamientos de los diputados de oposición como que, en algunos estados, la armonización podría reducir castigos e incluso liberar a delincuentes ya sentenciados, entre otras.

Lo gente espera que las extorsiones no aumenten y que sí se aplique la nueva ley y no quede sólo en buenas intenciones.