Cerro de La Campana

El compromiso expresado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, de revisar que las mineras de su país cumplan con la normatividad ambiental en México suena positivo y las autoridades mexicanas esperan que no quede en una respuesta diplomática.

Como una “muy buena respuesta” del visitante, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum lo dicho por Mark Carney y dijo que incluso pidió un listado de las compañías que operan en desacato. Así que se revisarán algunos casos de mineras expuestos de presuntas irregularidades como la contaminación de agua, uso de cianuro y metales pesados.

Lo que señalan especialistas en el tema es que es un buen paso que Canadá muestre disposición a dialogar, pero la vigilancia corresponde a México, que no puede delegar su responsabilidad ambiental a otro Gobierno.

Por lo pronto, hubo un diálogo cordial entre ambos mandatarios y se abre el espacio para explorar áreas de cooperación como ciberseguridad y petróleo. Ese compromiso es de interés para Sonora porque hay una intensa actividad de mineras canadienses en la explotación de oro, plata, cobre, molibdeno, así como minerales no metálicos como grafito, entre otros, por lo que además del impacto económico, ahora los gobiernos de México y Canadá pondrán atención a los retos ambientales.

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Las audiencias públicas sobre la reforma electoral han iniciado para construir la iniciativa que busca presentar la presidenta Claudia Sheinbaum y que ven con cautela partidos de oposición, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las primeras participaciones de esta jornada de encuentros para conocer ideas y propuestas de diversos sectores de la sociedad fueron de morenistas, magistrados electorales y de académicos en las que se analizaron algunos temas como el voto electrónico, la inclusión de personas de grupos vulnerables, la comunicación y el dinero en las campañas, entre otros asuntos.

Esta jornada de audiencias es organizada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, y en los primeros dos días no hubo participación de representantes de partidos opositores que, por cierto, han cuestionado la intención presidencial de eliminar los puestos plurinominales y reducir el financiamiento a partidos.

También ahí se expuso disminuir los institutos electorales locales y la desaparición de los tribunales electorales locales y otra idea que se planteó fue que a las personas que fueran “deudores fiscales” se les prohibiera participar en cargo de representación popular o del Poder Judicial, lo que algunos interpretaron como una dedicatoria al empresario Ricardo Salinas.

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Ahora son los bancos mexicanos los que están en la mira del Gobierno estadounidense para concretar acciones contra el lavado de dinero para combatir a las organizaciones criminales que operan en México.

Desde todos los Estados Unidos está buscando reforzar las acciones contra los cárteles, no sólo con vigilancia en la frontera, acuerdos con el Gobierno mexicano para detener a delincuentes sino también le pone lupa al sistema financiero mexicano.

Por eso estuvo en la Ciudad de México hace unos días el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, en una reunión con los banqueros del País y, según la información dada a conocer por el Departamento del Tesoro se les pidió que “hagan su parte para desmantelar las redes de los carteles”.

Hay en el sistema bancario mexicano más atención desde que el Gobierno del presidente Donald Trump dio a conocer las sanciones impuestas a tres instituciones mexicanas acusadas de lavado de dinero de criminales y lo que trascendió es que les advirtió que Estados Unidos tiene una política de “cero tolerancia” si detectan esos casos.