Cerro de La Campana

La anunciada discusión en parlamento abierto sobre la reforma a la Ley de Amparo advierte la batalla que se avecina. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su iniciativa no elimina el derecho ciudadano, sino que lo hace más ágil, que busca evitar el “amparo sobre amparo” que alarga los procesos y frena sentencias hasta por décadas. Sus defensores prometen eficiencia y certeza jurídica; sus detractores advierten un retroceso democrático.

Desde la oposición, el senador panista Ricardo Anaya acusa que la reforma desarma al amparo como escudo ciudadano mientras que la senadora priista Carolina Viggiano señala que limita la defensa de derechos colectivos, ambientales y sociales. Para ellos, los ejemplos sobran: Comunidades indígenas, familias de Ayotzinapa, organizaciones civiles que lograron detener megaproyectos dañinos. Casos que, bajo la nueva definición de “interés legítimo”, explican que quizá no tendrían cabida.

Los académicos también cuestionan esta propuesta impulsada por la mandataria pues expertos como el abogado Luis Eliud Tapia Olivares califica la iniciativa como “pro autoridad”; reconoce avances como el amparo electrónico, pero alerta sobre la brecha digital y la reducción de suspensiones que hoy protegen a ciudadanos frente a abusos inmediatos. Lo que para el Gobierno es orden, para los especialistas puede convertirse en un freno.

El Senado promete escuchar en foros abiertos, pero algunos están escépticos porque dicen que en la reforma judicial se escuchó, sí, pero sólo con oído sordo. La pregunta que tienen es no es si habrá debate, sino si valdrá de algo.

En espera de una respuesta está el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) a la petición que directamente hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su reciente visita a esta ciudad.

El secretario general del Staus, Cuauhtémoc Nieblas Cota, acompañado de otros integrantes de la organización interceptó a la titular del Ejecutivo federal para entregarle un documento-petición.

Una de las solicitudes que hacen los académicos es incluir en el presupuesto de 2026 una partida especial para implementar un programa de recuperación salarial para los maestros. lECs uta auhptaémrtoic da sería hasta el 2030.

Además, le plantearon a la mandataria el problema relacionado con el descuento para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que en agosto pasado expusieron también a la rectora de la Universidad de Sonora, Dena Camarena Gómez, porque argumentan que esos cobros individuales que realiza el Sistema de Administración Tributaria (SAT) afecta el ingreso que perciben y el bienestar de sus familias.

La comitiva que acompañó al dirigente sindical estuvo integrada por Tania Lucía Castelo, secretaria de Deportes; Antonio Romo Paz, secretario de Finanzas; Luis Alberto Núñez Rodríguez, secretario de Organización; y Rodrigo Romero Mátuz, secretario de Comunicación y Propaganda.

La visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a México genera expectativas claras: La presidenta Claudia Sheinbaum buscará exigir a las mineras de ese país el cumplimiento estricto de normas ambientales, tema que ha marcado su agenda bilateral desde agosto. Además, se analizará la ampliación del comercio y nuevas inversiones en sectores estratégicos, más allá de los aranceles de Estados Unidos, apuntando a fortalecer la relación trilateral bajo el tratado T-MEC.

Es interesante este encuentro para Sonora, en relación con el tema minero porque, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, en la entidad operan al menos 117 concesiones mineras de empresas canadienses.