Poder absoluto, impunidad total

SEPTENTRIÓN

La aseveración es insistente: “En México ya no hay corrupción”. Sin embargo, la realidad avanza por otra vía, la tortuosa ruta de las evidencias. El régimen padece una deformación ética al sentirse superior por el simple hecho de definirse como progresista o de izquierda, afectado por un dogmatismo tóxico, un rasgo muy latinoamericano. Esta arrogancia, incompetencia y falsedad son sus principales características.

Al igual que otros gobiernos de la región, repite discursos, formas, intereses, estrategias y consignas, expone una afinidad por el fracaso y nula creatividad. Su ensoñación es un país de castas, burocracia dorada y pueblo miserable, ninguna administración en América Latina tomada por este delirio ha salido bien librada; todas, sin excepción, han sido un descalabro político y social.

El objetivo de la demolición y posterior colonización militar de las instituciones fue convertirlas en un cascarón hueco, supeditado al más alto mando del poder: La Presidencia de la República, tutelada por su mentor y acompañada por sus allegados. El fin es crear una clase privilegiada que se beneficia de la sumisión castrense.

Con la extinción de los órganos de fiscalización independientes y la nula transparencia, la corrupción ya no tiene freno ni castigo. Entre los populistas, la deshonestidad no permanece sólo en el discurso y las alusiones al pasado; se esparce una nebulosa que intenta encubrir un presente desastroso.

Los hechos revelados los sitúan en la desviación de recursos en progresión industrial, basta ver las cifras preliminares de solo dos casos entre muchos: Segalmex y el contrabando de combustible. No obstante, el ingrediente más peligroso son las degradaciones de la Marina y la Defensa, transformadas en entidades subyugadas y lastradas por la deshonestidad.

La maldad original está en el manejo de recursos ilegales para ganar las elecciones, desde esta plataforma abusiva e indebida se desprende todo lo demás: Dinero sucio para campañas sucias dan gobiernos ilegítimos.

Esta corrupción tan evidente y escandalosa se inició para allegarse de efectivo, y al mismo tiempo alinear las instituciones colonizándolas sin una oposición ciudadana actuante. No hay quien les dispute la descomunal fuerza del recurso ilegal, el poder militar, los tribunales, las entidades clientelares y las instituciones electorales; este patrón sigue una partitura que distorsiona cualquier orden democrático, esta pauta la describe Hugo Alconada en un texto esclarecedor:

“Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la Policía no reprime el delito y los periodistas no informan”.(Alconada Mon, Hugo: La raíz de todos los males. Cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Planeta, 2018).

El sexenio anterior que no termina, la Presidenta continúa con la elevación militar para darles otra categoría: De subordinados a cómplices. La instrumentación de este desatino se demuestra de forma tajante.

La imagen de estas instituciones ha quedado dañada por la inmoralidad de sus altos mandos, el régimen contaminó a las pocas corporaciones confiables. El perjuicio es mayúsculo al obligar a estas entidades a realizar trabajos para los cuales no están capacitadas ni forman parte de su vocación.

La fiscalización y operación de aeropuertos, puertos y fronteras por parte de una institución civil siempre será menos riesgosa y con una mejor perspectiva, pero eso no está dentro de los propósitos del régimen.

Primero la conquista del poder, después la demonización del pasado, luego la demolición de cualquier vestigio opositor y, finalmente, la apropiación de toda institución.

¿Cómo se traducen estas acciones para un régimen que cumple siete años?

En la impunidad total.

Ex presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, colaborador en temas históricos, políticos y culturales distintos medios de comunicación. Ex funcionario cultural, actualmente dedicado a su práctica privada como odontólogo.