Cerro de la Campana

La agenda mexicana para el esperado encuentro Sheinbaum-Trump, que por primera vez será presencial, dio un giro porque antes que los aranceles que afectan a México se pondrán sobre la mesa su desacuerdo con la criminalización y detenciones de connacionales en las redadas en Estados Unidos.

La cita de la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo Donald Trump está confirmada para la tarde del martes próximo en el distrito canadiense Kananaskis, sede del G7, que reúne a las siete potencias: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia y al que México ha sido invitado como Estado observador al igual que otros seis países.

La mandataria ha dejado clara sus prioridades, una buena vecindad, la defensa de migrantes y una sana relación comercial, sólo falta conocer lo que Trump quiere de México pues ha insistido en la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y contención de la migración indocumentada.

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Lo que se ha celebrado de este viaje de la presidenta Sheinbaum es que rompe el ausentismo de México en foros internacionales porque su antecesor había dejado de asistir a estos eventos que dan la oportunidad de reuniones bilaterales con líderes a nivel mundial.

Hay expectativas sobre el mensaje de Trump en esta cumbre que se da en medio de la tempestad por las protestas masivas en Estados Unidos y el conflicto bélico entre Israel e Irán. Por lo pronto, los estadounidenses no se podrán quejar por falta de colaboración de Sonora porque se han apuntado al programa binacional para perseguir a quince criminales de alta peligrosidad que operan en ambos lados de la frontera.

En Yuma, Arizona, se realizó un acto con autoridades de México y Estados Unidos, y por Sonora participó el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, quien dijo que la frontera no debe ser límite para la autoridad y que el objetivo es garantizar a la población mejores niveles de seguridad y a las víctimas de esos delincuentes que haya justicia cuando se lleven a los tribunales.

Cambios de última hora podrían darse en las posiciones del Poder Judicial Federal porque en el INE apuran las investigaciones a juzgadores ganadores con antecedentes de abuso para evitar que obtengan su constancia y que lleguen al cargo.

Como está previsto en el calendario electoral el Consejo General del INE, presidido por la consejera Guadalupe Taddei, entregará las constancias a quienes ganaron en la elección judicial del domingo primero de junio, pero ante las denuncias que se han ventilado tendrán que aprobar un dictamen sobre candidatos investigados.

Hay casos de magistrados y jueces que podrían tener sentenciados por casos como violación, violencia familiar y morosos alimentarios que los haría inelegibles para que sean parte del Poder Judicial a partir del primero de septiembre cuando legalmente deberán entrar en funciones.

Durante el proceso electoral hubo quienes señalaron que había perfiles inadecuados para ser parte del Poder Judicial y que fueron seleccionados por el poder Legislativo, situación que fue expuesta por los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que responsabilizaron al INE y éste a su vez a los que se encargaron de hacer las listas.

Mientras tanto, el abogado mixteco Hugo Aguilar se alista para encabezar el nuevo Poder Judicial resultado de una reforma que le dio la posibilidad de llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular en una controvertida elección.