La nueva Corte

BATARETE

El 1 de enero de 1994 nos despertamos con la primicia de que un grupo de indígenas chiapanecos se había levantado en armas contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Tomaron las ciudades de San Cristóbal de las Casas, y Ocosingo. Hubo batallas desiguales en ambas poblaciones, pues muchos insurrectos sólo iban armados con palos. Después de que se replegaron a la montaña, el ejército los persiguió y los bombardeó con aviones de la fuerza aérea mexicana.

Fueron unos días de asombro y de indignación. Muchos mexicanos protestamos por la reacción desproporcionada del Gobierno. Yo trabajé en Chiapas por periodos largos en investigación en campo y conocía con cierta profundidad la situación económica y social de las etnias, desde antiguo explotadas y reprimidas: No les faltaba razón para su cólera.

Ese 1994 fue un año de sobresaltos, a la insurrección indígena se sumó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, y el de José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre del mismo año. Salinas tuvo que designar candidato emergente a Ernesto Zedillo, que ganó la presidencia y tomó posesión del 1 de diciembre de 1994.

Cinco días después introdujo una iniciativa de ley para cambiar 27 artículos constitucionales y conseguir una reforma a fondo del poder judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia que contaba en aquel entonces con 26 ministros. La ley fue aprobada el 18 de diciembre, en un tiempo récord, y redujo en número de ministros a once, mandó a jubilación a los funcionarios en activo, y nombró a quienes los reemplazaron, que tomaron posesión en enero de 1995. Zedillo pudo gobernar con una Corte Suprema propicia a sus intereses.

Tres décadas más tarde, Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa de reforma que contemplaba una novedad mayúscula: La elección de ministros y jueces del poder judicial mexicano. Le tocó a Claudia Sheinbaum ser presidenta cuando el INE organizó los comicios para elegir al poder judicial. Un proceso muy complejo por el número de candidatos, por el total de boletas que cada votante recibiría y por el gran desconocimiento de una fracción no pequeña del electorado sobre los especialistas en derecho que aspiraban a ser electos.

Muchos se dieron a la tarea de estudiar los perfiles de los aspirantes y crear listas con los pretendientes a los que podría apoyar. Yo lo intenté, pero sólo lo logré hasta cierto punto; afortunadamente recibí algunas listas, cuatro en total, que ayudaron a guiar mi criterio. Todas eran fruto del esfuerzo de ciudadanos conscientes y cercanos. Con mi propia lista acudí a la casilla y ejercí mi derecho a voto,

Al día siguiente me enteré que fueron más de trece millones de asistentes, cifra explicable por lo novedoso del proceso, por estar fuera del calendario de comicios más frecuente, y también por la campaña de los opositores que eligieron llamar a no acudir a las urnas. Parece un error mayúsculo pues si una fracción de peso de los quince millones y medio de votos que recibió Xóchitl Gálvez hace un año hubiera participado, es probable que la coalición PRI-PAN hubiera puesto en problemas a Morena.

Pero decidieron claudicar y ahora se quejan de que no fue un proceso democrático. El mismo Zedillo declaró que “la elección popular de jueces constituye una “farsa” y un “engaño al pueblo de México” y que el País se encamina hacia un Estado policial.” Al parecer perdió la memoria y eligió el ridículo...

Resulta más democrático votar por candidatos idóneos y tener un poder judicial elegido por millones de votos, que por un trámite del ejecutivo y las cámaras. Seguramente habrá ensayos, fricciones y tropezones; se deben corregir. Y, a su tiempo, cuando se vaya a renovar el poder judicial, se debe aprender de este primer ensayo y diseñar un proceso menos engorroso y más sencillo. Es un paso adelante... “El pleito de Trump y Musk”.

Parecen una comadre los que hacen tal cochinero. El poder, como el dinero, sin el saber vale madre.