Cerro de La Campana

Una molestia generalizada en contra de las medidas que ha tomado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha mostrado una gran parte de la sociedad, ya que afectan a terceros y frenan la educación de las niñas, niños y jóvenes.

Madres y padres ya están molestos por lo que han considerado un atropello y lo han externado a través de diferentes medios, incluyendo las redes sociales.

Para muchos, la CNTE no representa al magisterio comprometido con la enseñanza, sino a un grupo que ha optado por la presión política como vía para obtener “prebendas”.

Las protestas que impiden el acceso a las escuelas en Hermosillo y ahora pretenden bloquear el Aeropuerto Internacional no tienen justificación, de acuerdo con algunas voces.

“No se puede llamar lucha a lo que claramente es una forma de sabotaje contra la educación y contra toda la ciudadanía”, refirió un padre de familia.

Incluso hay quienes han señalado que algunos líderes de la organización en Sonora no tienen buenos antecedentes: Ramsés Valenzuela, por ejemplo, dicen que rara vez pisa su escuela, además se le ha visto más en marchas de galleros y bloqueos que frente a un pizarrón.

Su hermano David ha sido señalado como quien intimida a estudiantes para que no acudan a clases; Irene Ríos es un jubilado con una pensión de más de 100 mil pesos mensuales y aparece en audios convocando a la toma del aeropuerto junto con Ramsés Valenzuela.

Tomar el Aeropuerto de Hermosillo es un acto de irresponsabilidad absoluta, afirman padres de familia, quienes lo consideran una agresión directa a la vida cotidiana de la ciudad.

La gran mayoría del magisterio en Sonora sí está comprometido con sus alumnos y con el servicio público, señalan, no merece ser confundido con un grupo minoritario que usa la educación como rehén de sus aspiraciones políticas.

La Secretaría de Hacienda estatal confirmó ayer que el 31 de mayo y 1 de junio se implementará la ley seca en Sonora por la elección judicial.

Esta medida también se pondrá en marcha en otras entidades, entre ellas, Durango, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí y Coahuila.

Durante estos dos días queda prohibida la venta y el consumo de bebidas con contenido alcohólico dentro de establecimientos como medida preventiva para preservar el orden público y la paz social.

Daniel Jaime Ayala, director general de Bebidas Alcohólicas, dijo que esta disposición forma parte de un esfuerzo coordinado del Gobierno estatal para asegurar que la jornada electoral se desarrolle en un entorno seguro y en estricto apego a la legalidad.

Los inspectores realizarán operativos de verificación y vigilancia en locales con permisos vigentes para garantizar el cumplimiento de la Ley.

En el país, en total, se elegirán 881 cargos, participando 3 mil 422 candidatos. Los mexicanos elegirán nueve ministros, dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial.

En Sonora son tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, tres magistrados de tribunales regionales, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 39 jueces.

¿Sabía usted que, a partir de lo que se apruebe en el Senado, cuando una persona compre un chip para un teléfono celular deberá registrar su nombre oficialmente?

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió esta reforma que se pretende realizar a la Ley Federal de Telecomunicaciones por parte de los legisladores:

“Para comprar un chip de teléfono, que tengas que dar tu CURP con tu identificación. Eso es un tema esencialmente de seguridad, no tiene que ver con ninguna otra cosa”.

El argumento fue que la delincuencia usa muchas veces distintos chips que le va cambiando al teléfono, además de que la medida no implica espionaje ni acceso a las conversaciones de los usuarios.

No se requerirá huella digital ni datos biométricos, como ocurrió en intentos legislativos previos, se dice.

Defensores de derechos digitales han advertido sobre posibles violaciones a la privacidad por la conservación de datos durante dos años por parte de concesionarios.

Pero la Presidenta les aseguró que se establece quién puede y cómo se puede utilizar esa información, exclusivamente frente a una investigación de un delito, coordinada por la FGR.