Cerro de La Campana

Una guerra de aranceles entre los socios comerciales de América del Norte se ha desatado tras la imposición que hizo Donald Trump para México y Canadá, y estos países a Estados Unidos, pero además del golpe económico del Presidente estadounidense también una fuerte acusación contra el Gobierno mexicano, que de inmediato tuvo respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la Casa Blanca se emitió un documento en el que señala que “las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el Gobierno de México”, que fue rechazado por la presidenta Sheinbaum, quien tuvo el respaldo de los gobernadores emanados de Morena y aliados.

Hay un cierre de filas del empresariado de México con el Gobierno federal por la aplicación de aranceles del 25% de Estados Unidos a los productos mexicanos, pero también preocupación porque diversos especialistas advierten que la desaceleración económica que ya ha dado señales podría empeorar para tener una recesión.

Por lo pronto, México y Canadá ya iniciaron pláticas para luchar juntos; los países afectados no se quedarán cruzados de brazos, México se activó el plan B para aplicar medidas arancelarias y no arancelarias a Estados Unidos; Canadá, según su ministro Justin Trudeau, responderá con aranceles, y China, al que le aplicaron aranceles del 10%, demandará al Gobierno estadounidense ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) e insta a Trump a corregir sus prácticas “erróneas”, resolver su problema de fentanilo y no amenazar a otros países. Mientras la presidenta Sheinbaum haya dicho horas antes de haber sido notificada de los aranceles aplicados por Estados Unidos dijo que no tenía preocupación porque la economía estaba fuerte y en Hacienda descartan una recesión; Trudeau anticipó a los canadienses que seguirán tiempos difíciles y las firmas de análisis financieros sí ven el riesgo de una recesión en México.

Con todos los desafíos internos en seguridad, salud, economía y otros rubros, se suman estos factores externos que exigen un trabajo responsable y toda la capacidad de los gobernantes.

Finalmente, el INE obtuvo recursos adicionales para la elección judicial y aunque habían pedido mil 511 millones de pesos, le asignaran 800 millones de pesos. La firma de Hacienda para ampliar el presupuesto es después de la reunión que tuvieron los consejeros encabezados por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, que le plantearon la necesidad de incrementar los recursos para sacar adelante la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF). La petición del INE a finales del año pasado fue un monto de alrededor de 13 mil millones de pesos para la elección extraordinaria del PJF, pero les dieron cerca de 7 mil millones de pesos, por eso ahora les llegan 800 millones de pesos adicionales.

Con todo ese dinero se proyectan instalar 84 mil casillas de votación en el País y, de acuerdo a los consejeros del INE esa cifra es mucho menor a las 172 mil casillas que hubo en la elección federal del 2024 y esta elección de juzgadores exige tener una presencia similar, pero fue recortada por la baja presupuestal. Hay quienes critican que con tantos retos y necesidades del País se destinen esos recursos para una elección de juzgadores que causa controversia porque mientras Morena y sus aliados la defienden como abrir el sistema judicial a la democracia, la oposición la ve como el desmantelamiento de un poder para supeditarlo a otro.