Cerro de La Campana

Aunque la estrategia de seguridad arranca con la atención a seis entidades, la esperanza de los ciudadanos es que conforme avance el trabajo de este Gobierno federal se note esa pacificación que urge al País.

La apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara y lo dijo ayer: “No regresaremos a la guerra contra el narco” al referir que el enfoque aplicado por el entonces presidente Felipe Calderón no resolvió la inseguridad y por ello, va por otra vía.

Las acciones de este nuevo Gobierno fueron delineadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y son: Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre instituciones; y se focalizará en seis entidades: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.

Este plan fue visto como continuidad de lo que hizo el gobierno anterior, atención a las causas y la Guardia Nacional, pero donde esperan diferencias, de concretarse, es en el trabajo de inteligencia y el involucramiento de los gobernadores.

Con todos los grandes desafíos que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum, la seguridad es para muchos el mayor, por lo que ya hay un seguimiento a seis años de acciones de su antecesor y ahora la expectativa es que, en estos seis años, la situación cambie para mejorar.

La eliminación del cobro de registro de escrituras a las familias de escasos recursos para que puedan obtener su título de propiedad es parte de un programa estatal que busca darles certeza jurídica de su patrimonio, explica el gobernador Alfonso Durazo.

Dio a conocer que se identificó que había miles de familias que por no contar con recursos económicos no lograban tener el título de propiedad del patrimonio que con mucho trabajo lograron comprar y que por ello instruyó la exención del pago a más de 47 mil familias en esta situación y que obtuvieron el documento cuyo trámite tiene un costo de 9 mil 600 pesos.

Además del apoyo a las familias más necesitadas, explicó el mandatario, se termina también con el rezago que existe en materia de titulación, a la larga, puede derivar en problemas jurídicos para las mismas familias.

A la par de ese programa, dijo, se trabaja en la construcción de vivienda y se han invertido alrededor de 200 millones de pesos en más de mil 200 cuartos dormitorios, además de que estarán disponibles nueve mil terrenos para el desarrollo de la vivienda.

A menos de un mes de entrar en vigor la reforma judicial tendrá una corrección después de que el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, admitió que hay un error en dos artículos de la Constitución que aprobaron por mayoría calificada.

Esta falla se refiere a la forma en que debe elegirse al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la explicó el jurista Diego Valadés, pues evidenció que el artículo 94 establece que la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen la mayor votación, mientras que el artículo 97 dice que cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Corte.

Para Valadés, el error denota la precipitación con la que se concretó la reforma y a pesar de que se presentó la iniciativa desde el 5 de febrero de este año, pasó por la Cámara de Diputados, por el Senado y los congresos locales, al parecer nadie había leído esa contradicción.