Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Columnas /

La reforma judicial en proceso y sus consecuencias

Es absolutamente inconveniente y de daño a la sociedad, que los magistrados y jueces sean nombrados mediante el voto popular.

Columnista invitado

Es claro que el Presidente de la República constantemente ha atacado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los magistrados y jueces federales, diciendo que son corruptos y que obedecen a intereses oligárquicos, a la mafia en el poder etc. Igualmente, el Presidente lo dice cuando se conceden amparos o suspensiones contrarios al interés del Ejecutivo.

Como es sabido, el 5 de febrero del año en curso, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, en la que destaca la propuesta de que tanto los ministros, como magistrados y jueces sean designados mediante el voto popular, y que para definir quiénes serán los candidatos, se hagan listas de personas a propuesta del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de Poder Judicial, pero la iniciativa va más allá y afecta a los poderes judiciales de todas las entidades de la República porque también propone la reforma al artículo 116 constitucional en la fracción III, para disponer que las mismas reglas que aplicarían al Poder Judicial federal, se establecen para los poderes judiciales de los estados. Esto es, que se sigan los procedimientos para que mediante voto popular se elija a los magistrados y jueces de todos los tribunales de justicia.

Es absolutamente inconveniente y de daño a la sociedad, que los magistrados y jueces sean nombrados mediante el voto popular porque es claro y evidente que desde la integración de las listas de candidatos, serían los intereses de los partidos políticos y particularmente del partido político dominante, así como de los gobernantes de cada Estado, al igual que los intereses políticos y económicos dominantes e incluso, de la delincuencia organizada, los que determinarían los nombres de los cientos de candidatos a jueces y magistrados, los que aparecerían en las boletas de la elección popular.

Esto no sólo es absolutamente contrario a la simple lógica, por el muy cuantioso número de candidatos que requerirían de boletas del tamaño de un periódico. Además, lo más trascendente es que la propuesta de reforma rompe con la necesaria carrera judicial y los concursos libres de oposición para la designación de jueces, como los únicos medios que tenemos y conducen a la independencia judicial y el acceso de los más aptos a la responsabilidad de impartir justicia.

La reforma propuesta significa eliminar de un solo golpe esos caminos legalmente ya trazados y experimentados para la integración del personal jurisdiccional en todos los juzgados de la República.

El otro aspecto que también es muy grave, es la terminación del trabajo jurisdiccional de todas las mujeres y hombres que desempeñan las funciones en los tribunales y que han laborado durante años sumando experiencia en sus servicios en la judicatura.

A la vez, al desaparecer ese camino de la carrera judicial y los concursos libres de oposición, se rompe toda estabilidad, estímulo y aspiración legítima, no sólo de las personas que laboran en el Poder Judicial, sino de la sociedad entera, de contar con jueces más capaces, responsables e independientes.

El voto popular sí conduce a la partidización y politización de la justicia y a la influencia directa de intereses políticos, económicos y de la delincuencia organizada para la designación de los juzgadores.

La iniciativa presidencial también golpea el espíritu de las y los jóvenes estudiantes de Derecho de las universidades, que tienen la legítima aspiración de llegar a ser jueces y magistrados, siguiendo el camino del estudio, la preparación, la capacitación y en su momento la especialización, cultivándose con comportamiento honesto, para poder arribar a esos cargos en la impartición de justicia, de tanta trascendencia social.

En cambio, si todo esto se echa por tierra y se enseña que el camino es el de la política, el de buscar los padrinazgos y las afiliaciones a partidos o grupos de poder, como medios para acceder al cargo de juez y de magistrado, la historia que se escribirá será de una denigración de los procesos de designación de juzgadores, enemiga de los más sanos y elevados intereses y necesidades de justicia de la comunidad entera.

El autor es abogado, maestro de Derecho y ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí