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Senderos de gloria

Cascabel

Cuando se apague la música, se retire el licor y prendan la luz, los “legisladores” oficialistas buscarán infructuosamente culpar a otros de su descrédito en lo que ya se puede anticipar será un duro, lapidario y adverso juicio histórico.

El Presidente que soñaba ser un parteaguas en el devenir histórico de México, será recordado como aquel que con gran cinismo mentía más de 100 veces diarias. Concediendo que la mitomanía como política de comunicación social no la inventaron en esta administración, a estas alturas en el ocaso de una gestión fallida puedo afirmar que quienes se van la han llevado a grados superlativos. Desafortunadamente quienes se quedan son mala copia de su guía y pastor.

La dura resaca después del bacanal legislativo la enfrentaremos todos. El debilitar la figura del juicio de amparo, el otorgarle la facultad unipersonal de indulto al Presidente y legislar apropiarse del patrimonio de personas sin que exista un debido proceso de declaración de abandono, no puede entenderse de otra forma como la búsqueda de regresar a una Presidencia imperial, los ciudadanos como súbditos. No les es suficiente ejercer un presupuesto de 9 billones de pesos al año y haber incrementado en cinco años la deuda en 7 billones, quieren disponer del ahorro privado.

Hace más de 800 años en Inglaterra se redactó la Carta Magna, un tratado de paz entre Juan I y los Barones donde por primera vez se ponen límites al rey. Los límites del poder a partir de entonces han evolucionado en favor de otorgar garantías individuales y respetar derechos, limitando los excesos en el ejercicio del poder.

El camino en México no ha sido fácil ni ha progresado en forma lineal hacia un estado de Derecho, garante de legalidad, respetuoso de garantías individuales y acotado por la norma a sólo realizar aquello que explícitamente le está permitido.

En un principio de legalidad, quienes gobiernan no pueden ni ordenar ni ejecutar cualesquier ocurrencia. Quienes defienden al oráculo de Macuspana, al igual que quienes ya no confiamos en él, seguramente podemos coincidir en que bajo ninguna circunstancia a ningún individuo se le debe de otorgar poderes absolutos para que se conduzca por fuera de la ley.

De acuerdo a World Justice Project el Índice de Estado de Derecho en México se ubicaba en 2022-2023 en 0.42 en escala de 1.00, donde 1 representa un fuerte y 0 un débil estado de Derecho. En 2018 este índice se ubicaba en 0.39 hay avances en algunos de los componentes, aun sin embargo en la medición si “El debido proceso legal de las personas acusadas se garantiza efectivamente” hay un retroceso de un 0.46 a 0.42. En justicia civil y penal la variación en avance y retroceso de 0.01 respectivamente ubican a ambos en un penoso 0.37.

Las reformas impulsadas por el Ejecutivo, servilmente procesadas por los legisladores oficialistas constituidos en una oligofrénica ofícialía de partes, en su intencionalidad no persiguen el bienestar general. Persiguen otorgar poder unipersonal, eliminar contrapesos, socavar separación de poderes y permitir acceso a recursos privados a un solo individuo que ya ha declarado que no considera que él debe de sujetarse a ninguna ley. De la buena intención de garantizar pensiones dignas sólo quedará la intención, en el texto de lo aprobado no existe garantía ni control alguno de que esto vaya a suceder.

Sólo se le da la llave del tesoro a un Presidente ávido de dinero, permiso para meter la mano en bolsillos privados, exigiéndonos a todos en un acto de fe, confiar en su bondadosa y honorable intencionalidad. Me es difícil entender que a quien miente más de 100 veces al día todavía exista quien le crea, más difícil aún soslayar a quien lo defiende, quizás racional bajo la lógica de un pacto de complicidad.

Como beneficio de la veda electoral los empalagosos desplegados alabando el nuevo traje del emperador han disminuido, desafortunadamente los genuflexos cortesanos del moderno Lazarillo de Tormes siguen aplaudiendo en busca de migajas óseas sin importar las consecuencias.

Quienes gobiernan, cumpliendo el principio de legalidad, sólo deberían de llevar acciones que beneficien a los ciudadanos y aquellas que permitan ejecutar dichas acciones. En la evaluación de acciones de Gobierno observo que la gran mayoría de ellas están orientadas a acrecentar su patrimonio personal y rentabilidad electoral en busca de perpetuarse en el poder sin medir consecuencias de sus actos. Grilla estéril por encima de política en busca del bien común.

Tendremos la oportunidad de escuchar a quienes pretenden gobernar, contrastar su oferta con su historia de cumplimiento. No hay que confundir una larga trayectoria en lo público con madera de estadistas, hay quienes en las décadas que llevan de “servidores” sólo han logrado beneficiar su hacienda personal, fracasando en construir un mejor País.

En nuestras manos está elegir, bajo la lógica del mal menor. No hay que dejar pasar la oportunidad de votar y posteriormente exigir. A aquellos que en la altura de un ladrillo perdieron el piso, que se creen predestinados a la gloria eterna, les dejo la reflexión de Thomas Gray: “Los senderos de gloria conducen a la tumba”.

Óscar F. Serrato Félix es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.

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