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Parodia y realidad

Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 1938, las refinerías, oleoductos, equipos, bienes muebles e inmuebles pasaron a ser propiedad estatal, acto seguido se creó una compañía para la administración y explotación del carburante: Pemex. Cárdenas no nacionalizó el petróleo, este ya era de la Nación.

En México el petróleo es algo más que un recurso natural, es el combustible que ha alimentado el ardor nacionalista y fuente inagotable de recursos, demagogia y corrupción. Las discusiones que originaron el artículo 27 constitucional en 1917, endurecieron legislaciones que venían de tiempo atrás:

“Se definieron como bienes de la nación las aguas del mar territorial y las interiores, así como todos los minerales del subsuelo. Estas determinaciones, si bien tienen antecedentes en las Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España de 1783, en rigor elevaron a nivel constitucional definiciones que ya estaban en la Ley de Bienes Inmuebles de la Federación, de 1902, que en su artículo 2 señalaba que los criaderos minerales eran “bienes de la Nación” y en el 3 estipuló que los “bienes de dominio público u uso común” no eran susceptibles de constituir propiedad particular. Y, con el objetivo de que el Gobierno no pudiera enajenarlos o que futuras generaciones no pretendieran por la vía legal modificar el régimen de propiedad de estos bienes, los constituyentes de 1916-1917 establecieron como norma constitucional que el dominio de la Nación sobre estos bienes era inalienable e imprescriptible”. (1)

La industria petrolera existía en México desde el último tercio del siglo XIX, en los años en que se redactó la Constitución vigente, el petróleo se había convertido en un recurso estratégico, en Europa se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y el hidrocarburo era un patrimonio imprescindible.

Una importante inversión en refinerías y pozos había prosperado en nuestro País, los gobiernos la consintieron bajo el régimen de concesiones e impuesto por barril extraído. Las preocupaciones por la propiedad y el beneficio por la explotación del petróleo originaron una celosa legislación, protegiendo el destino de todos los recursos nacionales.

Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 1938, las refinerías, oleoductos, equipos, bienes muebles e inmuebles pasaron a ser propiedad estatal, acto seguido se creó una compañía para la administración y explotación del carburante: Pemex. Cárdenas no nacionalizó el petróleo, este ya era de la Nación.

Hoy aparece otro mineral con características atractivas, el litio. En torno a este mineral se desarrolló una parodia de lo que antecedió con el petróleo. Se nacionaliza lo que ya era y se decreta que sólo el Estado puede explorar y explotar este elemento.

Según declaraciones del presidente de la Camimex, José Jaime Gutiérrez Núñez: “No hay en este momento ningún conocimiento de la existencia de un yacimiento económicamente aprovechable”. La misma Cámara afirma que la exploración de un yacimiento y su aprovechamiento lleva cuantiosos recursos y un periodo mínimo de 10 años para asegurar su rendimiento.

Además de una legislación redundante, se creó un organismo para su exploración, explotación y beneficio: LitioMX, con presupuesto e instalaciones, boyante burocracia y proyectos que imaginan convertir a Sonora en vanguardia de pujantes cadenas de valor en torno al mineral.

Desmesurados delirios, nutrida verborrea y nulas realidades, después de rimbombantes anuncios y grotescas ceremonias imitando a Cárdenas y exaltando un nacionalismo extemporáneo, hasta hoy día no hay un gramo de litio extraído y producido en Sonora.

Al tiempo habrá un sindicato -celoso guardián del recurso nacional-, una nutrida burocracia que protagonizará los discursos para enaltecer los beneficios de esta patriótica decisión, que buscará la ansiada soberanía energética. Mientras tanto, los ciudadanos esperaremos pacientemente a que el litio algún día aparezca. Estos gobiernos se acercan cada vez más a los fascinantes relatos de Jorge Ibargüengoitia. La sátira literaria convertida en realidad nacional.

(1) Ignacio Marván Laborde, Cómo hicieron la Constitución de 1917, FCE, SC, CIDE. México, 2017. Pag, 196.

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