Principios sobre privilegios

Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”. Esta frase que se le atribuye a Groucho Marx perfectamente podría atribuirse a innumerables actores políticos de México, a quienes con limitadas excepciones una consistencia ideológica y defensa de principios no se les da, como tampoco es lo suyo la representación popular, transparencia, legalidad, tolerancia, empatía y frugalidad.

El principio de máxima publicidad, respeto al Artículo Sexto de la Constitución y su ley reglamentaria ante la confesión de parte del presidente López Obrador de sabotear al INAI están en riesgo.

López Obrador, en su conferencia del pasado 14 de abril -a pregunta sobre un audio donde el secretario de Gobernación revela que el Presidente busca dejar inoperante al INAI-, responde: “Pero, digo, los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada, o sea, era un Gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había”.

En el mundo ideal de los gobernantes no existe transparencia, límites constitucionales, rendición de cuentas, preguntas incómodas y mucho menos editorialistas que señalen y exhiban una y otra vez que son humanos, demasiado humanos.

El discurso orwelliano de “todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros” utilizado por los cerdos en “Rebelión en la granja” caracteriza a muchos de los actuales gobernantes. Conocen bien la historia reciente sobre transparencia, que ha provocado alternancias en el poder. Están aterrados de que se conozca la realidad sobre sus actos.

La buena noticia para todos es que la impericia, codicia, megalomanía, oligofrenia y demás limitaciones de quienes gobiernan son inocultables. “Políticos” en búsqueda desenfrenada de ocultar la realidad de sus fracasos, corruptelas y ambiciones se exhiben como son. El desenlace de esta generación al mando es previsible.

La transparencia en México ha permitido conocer los detalles de grandes y pequeñas fugas de recursos públicos para uso privado. Urge detener la proliferación de empresas factureras o fantasmas que al amparo del poder se crean con personalidad jurídica y fiscal para expoliar la hacienda pública.

Gracias al periodismo de investigación, recurriendo a instancias que obliguen a los sujetos obligados a entregar información, hemos conocido las grandes fugas de recursos en Segalmex, Desarrollo Social, gobiernos estatales, Sedena, universidades, Municipios, partidos políticos y legislaturas, entre otros. De continuar el impasse sobre el INAI y la ilegal conformación del Istai perdemos como sociedad, mientras los corruptos salen ganando.

La transparencia presupuestal sobre lo que el Congreso dispone sea el gasto público en cumplimiento de su función constitucional debería de estar en la mesa de debates; los diputados, responsables de fiscalizar, no lo están haciendo. Es común observar desviaciones importantes.

En el primer bimestre de 2023 los ingresos del Gobierno federal fueron un billón 109 mil 768.4 mdp, 7.3% por abajo del presupuesto, el gasto neto total pagado ascendió a un billón 211 mil 36.9 mdp, es decir, 14.5% menor al programado. Por participaciones a entidades federativas se han pagado 215,983.2 mdp, un 9.4% menor a lo presupuestado, de las cuales Sonora ha recibido 5,674.0 mdp, 8.1% menos de lo esperado.

En el rubro de aportaciones, Sonora en el primer bimestre recibió 3,554.5 mdp, monto inferior a lo presupuestado en 3.6%. Hay en el primer bimestre un subejercicio importante a nivel federal en Desarrollo Social y Desarrollo Económico, 4.7% y 28.1% respectivamente, donde destaca Salud, con un subejercicio de 19.4%, y Educación, con 5.9%.

Salud, educación, seguridad, desarrollo económico, ecología, deuda pública y combate a la corrupción, entre muchas otras obligaciones, quedarán pendientes para la próxima Administración ante el fracaso de la de López Obrador, ya en su ocaso.

Mientras todo esto sucede, el debate legislativo continua en cómo extender los privilegios a partidos políticos, proteger a quienes gobiernan de sus representados evitando transparencia, limitar elecciones limpias, reducir la edad mínima de legisladores, entre otras acciones legislativas, a dos semanas de que termine el periodo ordinario.

La defensa a ultranza de los privilegios de la “clase política”, partidos políticos y gobernantes busca excluir a quienes defendemos principios, respeto a la legalidad y la aspiración de que la función pública sea efectivamente para servir y no para servirse como hasta hoy.

La mayoría de los actores políticos prefieren callar, conservar privilegios, monetizar su paso por curules, escaños y oficinas refrigeradas. Cuando se les cuestiona sólo alcanzan a responder un aberrante “es que así son las cosas” o “tú no entiendes”. Sí entendemos y no convalidamos. La cobardía de no asumir su responsabilidad y no estar a la altura de su juramento es tan evidente que no requiere explicación alguna.

Para lograr romper la inercia es importante abandonar la cómoda indiferencia, informarse, analizar, contrastar discurso propagandístico contra la realidad, señalar, comentar, organizarse y sobre todo participar. Para ello hay que defender principios y eliminar privilegios de quienes se consideran entes predestinados, metaconstitucionales e intocables.

No es obligación de los ciudadanos hacernos cargo de los fracasos de los gobernantes. Escucho con frecuencia: “Apenas va empezando, dale tiempo”, “su equipo no le ayuda”, “le dejaron el Estado muy endeudado”… Llevan más de 40 años de “políticos profesionales”, ellos nombran libremente a sus colaboradores, ¿ignoraban la situación financiera del Estado que buscaron gobernar?

Llegó el momento, ciudadano, de tomar conciencia y asumir responsabilidad no solamente de nuestros actos, sino también de las consecuencias. Con la voz completa para exigir que los gobernantes asuman su responsabilidad y consecuencias de sus actos y omisiones.