Hacer historia

De las fiestas patrias al drama nuevamente.

No satisfechos con poner bajo control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional, esta semana se intentó modificar el artículo quinto transitorio a la reforma constitucional de 2019 para dar facultades al Presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública hasta 2028. Reforma que ha sido temporalmente parada en el Senado después de un airado debate al cual se le dio fin mediante una muy cuestionable práctica parlamentaria, cuyo efecto fue regresar el dictamen a comisiones.

Los legisladores de oposición que habían estado como invitados de piedra en aquellos bacanales legislativos de la super mayoría en el primer tramo de la administración de López Obrador, hicieron valer algo más importante que sus votos, sus razones. Fue un buen debate, esperemos y sea la nueva forma de conducirse. Contrastar ideas, argumentos, visión de País y futuro es importante, en el largo tránsito de la democracia en México, los senadores dieron un gran paso para llegar a esa democracia sin adjetivos y una auténtica separación de poderes que tanto anhelamos.

Columnas

Aprovechando

No obstante que la iniciativa de origen fue presentada por Yolanda de la Torre, hoy diputada con licencia, del Grupo Parlamentario del PRI su principal promotor es el Presidente de la República, que por cierto esta semana se adjudicó la autoría y ante el resultado en el Senado anunció la posibilidad de someter a consulta popular el facultar al Presidente para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, prolongando el estado de excepción que terminaría en marzo de 2024 hasta 2028. Desafortunadamente para el Presidente el artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución específicamente prohíbe realizar consultas sobre “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente”. Para una administración que ha anclado su narrativa en hacer historia, lo están logrando, pasarán a la historia como una administración fallida que repudió su promesa de regresar al Ejército a los cuarteles y pacificar al País, al igual que otras promesas como salud, educación, erradicar pobreza, combatir la corrupción y un manejo responsable de la hacienda pública, no endeudar.

El deterioro de las finanzas públicas queda evidenciado en los criterios utilizados para 2023, complica los escenarios, el costo de no aceptar la realidad cada día se incrementa. Las premisas son un crecimiento del PIB en 3.0%, inflación de 3.2%, producción de 1.872 millones de barriles de petróleo diarios y tasas de interés de Cetes a 28 días promedio de 8.9%. De no alcanzar estas metas el presupuesto del Gobierno federal se vería afectado, el déficit proyectado de 3.6% del PIB se incrementaría y así como los requerimientos financieros del sector público estimados en 4.1% del PIB. Los proyectos de inversión productiva emblemáticos por lo que resta de esta administración seguirán siendo deficitarios, generando presión adicional a las finanzas públicas. El reciente incremento a la tasa de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos ya está afectando mercados y expectativas de crecimiento económico para 2023.

Para Sonora, que en la narrativa presidencial se reitera que las inversiones comprometidas deben de llegar a 30 mil millones de pesos al no estar contempladas en la propuesta presupuestal del Presidente, en caso de que no se incluyan y aprueben en la Cámara de Diputados, se tendría que diferir otro año adicional dichos proyectos en espera de recursos.

Mientras la atención nacional está centrada en los retos en materia de seguridad y finanzas públicas, el 15 de septiembre bajo el folio 2003 llegó al Congreso del Estado un escrito del gobernador Durazo con iniciativa de ley que reforma la Constitución Política del Estado de Sonora para cambiar la fecha del informe al 13 de septiembre y cambiar el calendario de elección para Gobernador buscando que esta sea concurrente con la elección de Presidente de la República, lo cual de ser aprobado provocaría una administración estatal transitoria de tres años de 2027 a 2030, una “mini gubernatura”. Las premisas expresadas por el Gobernador al anunciar su intención son las de ahorrar en la organización de las elecciones e incrementar la participación ciudadana. Si bien es cierto que la concurrencia es mayor en la elección para Presidente habría que profundizar en las causas, comparto la preocupación del Gobernador Durazo de que su administración llega con el 21% de los votos de los electores elegibles. Por lo que corresponde a los “ahorros” habría que puntualizar que la organización de la elección para Gobernador corre a cargo de una instancia diferente a la de Presidente de la República, por lo que no habría tal.

El escenario de una administración estatal de tres años representa una real amenaza para Sonora, la capacidad de desarrollar e implementar un plan de Gobierno se vería mermada. Como ejemplo tenemos la administración actual que con todas las instancias emanadas del mismo partido político y una gran sintonía con el Ejecutivo federal, a un año de gestión aún no le ha sido posible arrancar la ejecución de proyectos. Una “mini gubernatura” que a su tercer año estaría en procesos electorales y de entrega recepción reduciría la posibilidad de una gestión exitosa.

Federalismo, autonomía de los estados y esquemas de coordinación política y presupuestal a debate, esperemos y los parlamentarios sonorenses estén a la altura, los tiempos de aquella tan nociva sumisión al centro no deben bajo ninguna consideración regresar.

Quienes desde el poder anclan su actuar en lecturas miopes o en anhelos de figurar en las páginas de la historia olvidan hacerse cargo del presente, ese presente que tanto los agobia con su terca realidad. Es menester de todos, recordarles que son depositarios de la administración pública, que sólo haciéndose cargo del presente, cumpliendo sus promesas el juicio histórico será como sueñan.