Cerro de la Campana

Los priistas andan con todo, primero fue la propuesta de armar a todo mundo para que los ciudadanos hagan frente a los delincuentes, ante un plan de seguridad que consideran ha fallado.

Ahora, en voz de la diputada federal Marcela Guerra, buscan haya prisión preventiva oficiosa para quienes cierren vías de comunicación terrestre, sean de jurisdicción estatal o federal.

No se sabe si tiene dedicatoria o no, pero señalan que en los últimos meses continuamente se han presentado “cierres arbitrarios” de carreteras a lo largo del País por grupos de manifestantes, algunos de ellos pertenecientes a la delincuencia organizada.

Para la legisladora del tricolor, estos actos representan pérdidas económicas millonarias para el comercio y los mismos ciudadanos, además de poner en riesgo la seguridad de las personas que intentan trasladarse de un lugar a otro.

Según datos de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, entre 2019 y 2020 se registraron pérdidas de cerca de 7 mil millones de pesos por la toma de casetas y el llamado “boteo”, además de otras acciones como la toma de carreteras.

No se sabe qué pasará con esta propuesta, pero Guerra adelantó que posiblemente sea rechazada por la comisión a la que fue turnada, la de Puntos Constitucionales, ya que otras iniciativas han sido “congeladas” por la mayoría morenista.

Como parte del nuevo de Sistema de Justicia Laboral que entrará en vigor el 3 de octubre de este año, la Secretaría del Trabajo de Sonora creó el Centro de Conciliación Laboral y nombró a un nuevo funcionario en esta área.

David Fernando Soto Alday tomó la responsabilidad como director general en presencia de Olga Armida Grijalva Otero, titular de la dependencia.

El nuevo funcionario es abogado por la Escuela Libre de Derecho (Ciudad de México) y ha tenido algunos cargos en despachos mexicanos y trasnacionales, además cuenta con experiencia en la defensa penal.

En esta dependencia estatal se han realizado una serie de cambios, algunos dados a conocer a través de comunicados y otros que se conocieron por las redes sociales.

La salida de José Luis Lomelí en febrero pasado no se conoció. Acompañaba a Grijalva Otero en la Subsecretaría de Empleo y Productividad, pero al parecer tuvo diferencias.

El otro cambio que sí se conoció fue el de Juan Antonio González Espinoza, nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en enero de 2022; sustituyó a Octavio Monroy, quien había tomado las riendas desde el inicio de la administración.

El Diario Oficial de la Federación publicó el pasado 29 de junio una resolución que declara la cancelación de 23 concesiones mineras en diferentes entidades del País y cuatro de ellas están en Sonora.

Se explica que el Servicio Geológico Mexicano, un órgano dependiente del Gobierno federal, rindió un informe de cómo se encuentran estos permisos entregados entre 2016 y 2018.

Las concesiones fueron otorgadas en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y Querétaro.

En el caso de Sonora, según el documento, los permisos cancelados habían sido para explotar terrenos en Villa Hidalgo, Huachinera y Quiriego, con una extensión de 11 mil 204 hectáreas.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la minería es la principal actividad económica en al menos 22 municipios, de 39 que cuentan con minas de metálicos, no metálicos y proyectos de exploración.

Se dice que en la entidad hay al menos 4 mil concesiones mineras.