La consulta va

El próximo domingo se llevará a cabo la consulta que, si alcanza la votación requerida, será vinculante para que varios ex presidentes sean enjuiciados. Al margen de si el ejercicio es ocioso, como apuntan distintos actores políticos, el solo hecho de que se realice constituye un acontecimiento histórico en la vida pública nacional. Lo habitual, en las reglas no escritas del régimen Pre4T, era que los ex mandatarios gozaran de total impunidad ante posibles delitos cometidos durante su gestión.

Todo mundo sabía que al terminar un sexenio el Presidente y el equipo gobernante salían millonarios; el poder metaconstitucional que poseía el Ejecutivo permitía violaciones a la ley sin que ninguna otra autoridad se ocupara de ello. La magnitud del poder presidencial era tal que resultaba imposible pensar en su comparecencia ante la justicia. Era el reino de la impunidad, de la opacidad y de los privilegios de la élite gobernante. Era la dictadura perfecta, en palabras del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Pues todo eso se está acabando. La consulta del domingo es un paso crucial para la consolidación de nuevos arreglos institucionales que minen poco a poco los abigarrados intereses que alcahueteaban la impunidad y los privilegios de los ex presidentes y la camarilla que los acompañaba en el ejercicio del poder.

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Que llueva, que llueva, la virgen de la Cueva

Pero vayamos por partes. ¿Por qué o de qué deberían dar cuentas los ex presidentes ante la justicia? Empecemos por Salinas de Gortari; si alguno de los mandatarios de la era neoliberal incurrió en desmesuras, fue el supuesto oriundo de Agualeguas, Nuevo león. Llegó ala presidencia en un proceso plagado de irregularidades y todo mundo supo, desde entonces, que su controvertida victoria no gozó de legitimidad alguna; ese vicio de origen lo condujo a que en los primeros meses de su mandato buscara afanosamente legitimarse mediante acciones espectaculares como la captura del líder del sindicato petrolero o el encarcelamiento de un par de empresarios que se decía operaron contra México. Nunca se reveló si el expediente sobre el cual descansó la detención de esos personajes estuvo ceñido al debido proceso. Nada de eso valía entonces. Lo que valía era la decisión política de encarcelarlos como forma de buscar la legitimidad que tanta falta le hacía al gobernante. Lo peor de su mandato tuvo que ver con la privatización de las empresas paraestatales, que fueron entregadas a precio de remate a grupos financieros, muchos de ellos cercanos al Gobierno. Este achicamiento del aparato gubernamental tuvo todos los ingredientes para evidenciar que se trató de un gran atraco al patrimonio nacional, razón suficiente por la que debería llevarse a juicio al ex presiente CSG.

Con Zedillo el agravio mayor está ligado al rescate del sistema financiero, quebrantado por la convergencia de sus propias ineficiencias y la contracción económica desencadenada por el error de diciembre de 1994. El Fobaproa fue el fideicomiso instituido para rescatar a un sistema bancario colapsado por el cúmulo de pasivos impagables; cierto que en estos pasivos había empresas que quebraron por la crisis financiera pero también hubo otras que ya estaban quebradas antes del crack económico y fueron indebidamente enlistadas en el rescate gubernamental. Ello propició que la deuda interna del País se elevara a un nivel tal que, pese al tiempo transcurrido, se sigue pagando y no se ve para cuando quede saldada. De Fox y Calderón mejor ni hablemos; ambos fueron por demás irresponsables en el ejercicio del poder, con sospechas de corrupción a la orden del día. A Calderón se le acusa de habernos llevado a una guerra contra el crimen organizado sin plan estratégico; como suele decirse, le dio una patada al avispero y es tiempo de que el baño de sangre en que se convirtió prácticamente todo el suelo mexicano aún no termina. De Peña Nieto, como se sabe, siguen vivas sus pillerías.

Por estos y otros muchos asuntos igualmente relevantes, deberán ser llevados a juicio y configurar así una pedagogía que guíe el actuar del resto de los servidores públicos.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía.