Proyecto Puente

La serie del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Netflix no se puede tomar en serio para valorar lo que ocurrió. Es una interpretación que mezcla hechos reales y ficción. Es una obra de literatura audiovisual. Es recomendable verla para darse cuenta de que se trata de una herida abierta en parte de la sociedad y que, ante la falta de respuesta del Estado mexicano para impartir justicia en este magnicidio, la interpretación popular juzga al Gobierno de Carlos Salinas como responsable de la muerte. Lo que sí debe tomarse muy en serio es el trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) con la periodista Laura Sánchez Ley. Ante las negativas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se logró eliminar el año pasado en el Consejo de la Judicatura Federal la reserva que tenía la documentación del caso Colosio. Entre otros documentos el público ya tiene acceso a el acta con que se abrió la averiguación previa contra Mario Aburto, el supuesto asesino del sonorense y su sentencia. También el expediente judicial contra todos los inculpados. Son más de 9 mil hojas que contienen careos, fotografías y declaraciones. Se puede ver hoja por hoja cómo se integró la investigación. No se trata de inculpar a Mario Aburto, enfatizó Laura Sánchez. Pero sí de abonar a que se diga la verdad de lo que sucedió y que, a la gran mayoría de los mexicanos, siete de cada 10, no les convence la versión oficial de los cuatro fiscales especiales que trabajaron en el caso. De acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción las principales contradicciones que encontraron al revisar las declaraciones ministeriales y sus ampliaciones fue primero la de Graciela. La joven de 16 años, supuesta novia de Aburto. Ella declaró ante la PGR en Tijuana que a Mario Aburto le decían el caballero águila, que estuvo en el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional y que tenía una arma. “Todo lo que sabemos y nos dijeron. Pero al leer los careos encontramos diálogos como cuando se pone Graciela frente a Mario Aburto se contradice de toda la declaración. Se arrepiente y dice que nunca dijo lo de las armas, que pertenecía a grupos políticos. Se retracta en el careo. La declarante no paraba de llorar, tampoco Mario Aburto, decía la mecanógrafa”, cuenta la periodista que leyó los documentos asequibles en la página de MCCI. Otras de las inconsistencias en la investigación: Siete agentes federales que firmaron un documento sobre su presencia en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero nunca estuvieron ahí. La tercera falla es que los primos de Mario Aburto se retractaron, también. “Los amenazaron de que los echarían a un hoyo si no decían que Mario Aburto se estaba preparando para matar a Colosio”. También en la ampliación de su declaración, Mario Aburto explica que trató de sobornarlo en dos ocasiones el propio ex presidente Carlos Salinas de Gortari a cambio de que admitiera su culpabilidad y le daría lo que pidiera. También al juez que llevaba su caso, Alejandro Sosa, le mandó Aburto una carta con esta acusación. A Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, no se le menciona en el expediente que revisó Mexicanos Contra la Corrupción. En Estados Unidos tuvieron que pasar 54 años para la desclasificación de 2 mil 800 documentos relaciones con el asesinato del presidente John Kennedy. En México, en 24 años, la mitad del tiempo, MCCI y Laura Sánchez lograron la desclasificación del caso Colosio. Iñaki Blanco, ex coordinador ministerial de la investigación del magnicidio del sonorense con Luis Raúl González, actual ombudsman nacional, me aseguró en un viaje a las Islas Marías a finales del 2008, que las 800 declaraciones y pruebas del caso tumbaban cualquier especulación. Íbamos en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Federal a visitar el penal. Yo como periodista y él como representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diez años después el trabajo de los cuatro fiscales queda severamente cuestionado. Dos lecciones: Los expedientes y testigos fabricados tarde o temprano se caen. No importa que sea Carlos Salinas o cualquier otro político. Está claro que fue un crimen de Estado contra Colosio. Reabrirlo para investigar y castigar a responsables, que sería toda una generación de políticos de 1994, costaría alrededor de mil millones de pesos según MCCI. Es una deuda con el pasado y se mandaría un mensaje contundente a ese grupo de poder fáctico del PRI que aún gobierna México y están dispuestos a generar cualquier dolor de cabeza, traspié y golpes contra Andrés Manuel López Obrador y cualquiera que se atreva a intentar cambiar el estatus quo mexicano.