Espacio Público

Aunque la Fiscalía estatal ha insistido reiteradamente que el ataque armado en contra del locutor Reynaldo López y del periodista deportivo Carlos Cota no tiene relación con el ejercicio profesional de ambos, hay antecedentes que hacen pensar que hay condiciones de vulnerabilidad en Sonora que pueden provocar una escalada en la violencia ejercida en contra de los periodistas. En este sexenio estatal han ocurrido varios hechos que son claros atentados a la libertad de expresión y que encienden los focos rojos de que pudiera subir el nivel de violencia. Entre 2015 y 2016, el periódico Media Zoom, del empresario de tecnología Marco Antonio Maytorena, tuvo siete eventos de sabotaje a sus instalaciones y no fue sino hasta que la influyente organización Artículo 19 lanzó una alerta nacional que las autoridades estatales y municipales tomaron en serio la denuncia. El periódico terminó cerrando sus operaciones no sólo por los ataques sino también por un rudo boicot gubernamental. En marzo de 2018, cinco periodistas, entre ellos la ex corresponsal de Reforma, Reyna Haydée Ramírez, fueron amenazados y encañonados por al menos tres hombres encapuchados y con armas largas en las inmediaciones del ejido El Bajío, en Caborca, en donde investigaban una disputa entre ejidatarios y una mina. Posteriormente, el entonces procurador Rodolfo Montes de Oca revictimizó a la periodista Ramírez por el hecho de hacer la denuncia pública. Ese mismo mes y año, el ‘youtuber’ Juan Pablo Arenivar Martínez denunció en su canal de Internet que causó baja temporal de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado tras haber sido advertido de que cesara sus críticas a la gobernadora Claudia Pavlovich y a regidores del PRI de ese Municipio. Al periodista Luis Alberto Medina no le quedó de otra que migrar de la radio a una plataforma tecnológica para seguir haciendo periodismo porque en los medios convencionales no pudo continuar. Ha sido víctima de al menos 18 campañas negras en redes sociales que han sido bastante sintomáticas: Por cada trabajo periodístico incómodo una campaña de desprestigio que tiene todo el tufo a Gobierno del Estado y personajes ligados al PRI. Además, desde septiembre pasado ha sido víctima de acoso de la Fiscalía General de Justicia y de la Fiscalía Anticorrupción que han requerido información sobre Medina lo mismo al Congreso del Estado que al Ayuntamiento de Hermosillo. En enero pasado, las instalaciones de la radio comunitaria concesionada “Política y Rock and Roll Radio”, de los siempre críticos Amílcar Peñúñuri y Alex Cabral, fueron vandalizadas: Destruyeron puertas y alarmas y revolotearon en los archivos de la estación buscando quien sabe qué. El hurto se convirtió en el primero en su tipo en México en contra de un medio comunitario. Apenas este viernes, la radio comunitaria digital “Manzana”, del periodista Alejandro Islas, fue incendiada intencionalmente, de acuerdo con el dictamen del Departamento de Bomberos. Es decir, no se trató de un cortocircuito ni de un evento registrado al interior de la radio, sino que desde fuera de las instalaciones se provocó el fuego. También a la periodista radiofónica, Cynthia García Amavizca, la han querido callar metiéndose con integrantes de su familia, a quienes quisieron manchar intentando desprestigiar carreras de muchos años o bajo la advertencia de que perderían sus empleos, acosos que cesarían si la comunicadora accedía a terminar sus críticas en materia de procuración de justicia y seguridad pública. Con Luis Alberto Medina comparto también ser cliente frecuente de campañas de desprestigio en redes sociales, las más fuertes, por cierto, atizadas desde las oficinas de campañas priistas durante el proceso electoral pasado y del Gobierno del Estado. Por ello, cuando el sábado por la noche la Fiscalía de Justicia descartó prematuramente que el atentado en contra de Reynaldo López y Carlos Cota tuviera que ver con la libertad de expresión me hizo mucho ruido. Y si bien la principal línea de investigación es que los comunicadores fueron confundidos por los sicarios, hace tiempo que en Sonora se está pavimentando el camino para un atentado de mayor nivel en contra de periodistas y para muestra los casos que aquí le describo. Claro, no hay que escatimarle mérito a la fiscal Claudia Indira Contreras, quien presentó siete personas detenidas y probablemente involucradas en el ataque. En la medida que tengamos una Fiscalía que sirva nos evitaremos eventos como los que le narro en esta columna.