En la lupa

Este 2019 la realidad nacional pinta para transformaciones profundas, no solamente en las formas de ejercicio del poder, sino en el fondo. A nivel federal el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto un ejemplo interesante con el tema del combate al robo de combustible mejor conocido como “huachicol”. El Presidente ha dejado al descubierto la operación corrupta tanto del sindicato como de los gobiernos anteriores y una red de complicidades que van desde lo más alto de la administración pública y que involucra a funcionarios, seguramente a gobernadores y a concesionarios en el robo y venta ilegal de millones de litros de gasolina y diesel. “Un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del Presidente”, señaló López Obrador en su conferencia de prensa matutina de hace unos días. Sin embargo, el Presidente insiste en su política de no hacer del combate a la corrupción el Centro de su Gobierno. A esa política del “punto final” nos referiremos más adelante. Por lo pronto, es de mi interés resaltar la trascendencia del hecho y que tiene que ver específicamente con la gran cantidad de recursos que regresarán a las arcas públicas. Solamente el año pasado Pemex tuvo pérdidas por 60 mil millones de pesos debido al robo de hidrocarburos. Sólo para darnos una idea, es casi el presupuesto que Sonora tendrá en este 2019. Ahora nos resulta obvio que López Obrador sabía de este negocio cuando decía una y otra vez que combatiendo la corrupción y siendo honestos, no robando, iba a lograr impulsar sus promesas de campaña. Todos nos reíamos por su insistencia, pero la verdad es que tendrá ahora una gran cantidad de recursos disponibles para llevar a cabo sus programas. Por lo menos -lo señaló con fuerza- solamente con eso se podrían construir una refinería cada dos o tres años. Resulta obvio que el “huachicol de cuello blanco” no era el único negocio ilícito jugoso en el que redes corruptas “ordeñaban” al presupuesto por miles de millones. ¿Qué otros similares vendrán? El punto final Existe un fuerte debate sobre la negativa de castigo a los anteriores funcionarios involucrados en actos de corrupción. El presidente López Obrador insiste en que no realizará persecuciones, pero que no intervendrá si ciudadanos presentan denuncias. Por ahora, coincido en que no es sano para un Gobierno hacer del combate a la corrupción el centro de la agenda pública. Es no nada más negativo, pues opaca los objetivos y programas así como la acción de Gobierno, sino que es también riesgoso, ya que no existe un completo control que garantice satisfacer las demandas de justicia de la población que son tan diversas como difusas. En otras palabras, las expectativas son prácticamente imposibles de cumplir. En cualquier caso, el Presidente ha prometido que va consultar a la población sobre si se debe juzgar o no a los ex presidentes y en torno a eso existen múltiples dudas que ya abordaremos en su momento, pues al día de hoy hay más dudas que certezas. Como sea, no puedo estar a favor de la impunidad y creo que, de dejar sin castigo las irregularidades, los delitos y el robo de recursos públicos terminaría por mandar una señal inadecuada. Saquear a nuestro País, dejar sin medicamentos los hospitales y afectar los servicios públicos sí debiese tener consecuencias. Si bien el actual Gobierno promete ser honesto, no podemos depender de la voluntad de un líder para que funcionen las instituciones. En otras palabras, debemos tener las leyes y las reglas suficientes para lograr que quien gobierne, independientemente de que sea un santo o un verdadero demonio, simplemente no pueda robar. No es que no quiera, sino que no pueda hacerlo sin recibir un castigo implacable. En La Lupa: Feliz Año Nuevo Le deseo, estimado lector, que este año esté lleno de bendiciones y construyamos juntos un mejor País, cada quien desde su trinchera. Paz.