En la lupa

Quienes hemos sufrido la persecución de un Gobierno entendemos la importancia de contar con un fiscal independiente que logre el divorcio definitivo entre el poder político y la procuración de justicia. Y en verdad que muchos hemos sido afortunados con amedrentamientos mínimos y órdenes de aprehensión temporales que se caen al primer amparo. Muchos han tenido que llevar por años procesos judiciales absurdos y desgastantes solamente por no estar de acuerdo. No entraré en el eterno pleito entre partidos porque me es ajeno y los políticos (especialmente los corruptos) siempre recurren, en su defensa, al argumento del uso faccioso de la justicia. No es que no suceda, y de igual manera es incorrecto e inaceptable utilizar dichas instituciones con fines políticos, el problema es poder distinguir cuándo es realidad y cuándo no. Y a fin de cuentas y después de todo, ya entrampados en un proceso de esa naturaleza, no hay a quién se pueda recurrir para denunciar. El asunto crítico de este tema es uno: Una procuración de justicia capturada por el poder perpetúa la impunidad en el día a día. Y la impunidad nos daña a todos todo el tiempo, corroe las estructuras sociales y dinamita toda posibilidad de desarrollo económico. No hay peor cosa para las inversiones que la incertidumbre jurídica, la ausencia de un estado de derecho y la justicia selectiva. En Sonora tenemos una oportunidad de oro y estoy incierto de si lo lograremos: Una fiscalía general transexenal autónoma, ciudadana e independiente. Después de todo -vale la pena recordar- el principal espíritu de las reformas constitucionales que le otorgaron la autonomía a las fiscalías generales tienen que ver con resolver lo que es su principal enfermedad: La dependencia orgánica, política y funcional de quien detenta el Poder Ejecutivo. Eliminar su uso político y terminar con la complicidad tradicional. Antes eran “procuradores”, eran nombrados discrecionalmente por el Gobernador(a) y a sus designios se sujetaban caso por caso. Al día de hoy se supone este nombramiento debe lograr mayores contrapesos y obedecer a otra lógica. Precisamente por eso no se ha logrado la Fiscalía General (y la anticorrupción) a nivel nacional, la clase política no sabe cómo tomar decisiones correctas y alejadas de su naturaleza corrupta. No le entiende. O se imponen o negocian pactos de impunidad, pero pocas veces (para no decir nunca) se ponen de acuerdo desde lo positivo y constructivo. El día de hoy tendremos una prueba de fuego en Sonora, veremos cómo se da el inicio de nueve años de procuración o de simulación de justicia. Tres legislaturas, un sexenio y medio o prácticamente una década donde o se dan las transformaciones estructurales necesarias o seguiremos lidiando con el argumento engañabobos que de los peores, somos el menos peor. ¿Estarán los legisladores a la altura del reto? UNA PROPUESTA Vale la pena reflexionar una propuesta para fortalecer la autonomía tanto de la Fiscalía General como de los distintos organismos constitucionales autónomos y órganos de control: El presupuesto por fórmula constitucional. Esto no es algo nuevo y distintas entidades federativas lo utilizan: para la Fiscalía General se asigna el “X” por ciento del presupuesto estatal, para protección de derechos humanos el “Y” por ciento y así. Incluso para temas sensibles como salud o educación sería muy útil establecer un estándar mínimo constitucional que, por razones obvias, resultaría difícil fuere menor. No ha autonomía real si no hay autonomía en los dineros, y si nuestros legisladores en verdad quieren una institución libre, habría que empezar por otorgarle las herramientas. ¿Y EL GOBIERNO ABIERTO? Por estas fechas se cumplen un par de años de que Sonora se sumó a los estados del País que iniciaron un proceso de Gobierno abierto. La misma Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano participó en el arranque y se comprometió a cumplir los acuerdos, a impulsar esquemas de apertura gubernamental y a co-crear con la sociedad una agenda de temas prioritarios. El 25 de noviembre se cumplen dos años de la instalación de un secretariado técnico tripartita local que dejó todo que desear. El Dr. Víctor Peña, quien era un prestigiado facilitador, renunció por causas desconocidas y no ha sido sustituido, los integrantes del bloque social se fueron de campaña y el gobierno se estacionó en un discurso político sostenido en proyectos de transparencia proactiva. ¿Hasta ahí quedó la voluntad política?