Tiempo de Negocios

¿Se acuerda de ese bochornoso capítulo en la pugna Italianni’s contra Alsea, en la que salió a relucir una práctica de presunta corrupción para agilizar una resolución judicial a favor de los franquiciatarios de la Domino’s Pizza? Nos referimos a un correo electrónico que el abogado Guillermo Díaz de Rivera le envía a su cliente, Alberto Torrado, en la que le pide autorización para pagar unos dos millones a distintas autoridades para favorecer la causa de Alsea. Pues con la novedad de que la firma de Víctor Cachoua Flores fue a promover hace unos días a Washington, concretamente ante el Departamento de Justicia de aquel país, una demanda anticorrupción. Italianni’s recurrió al afamado bufete Buckley Sandler, especializado en el “Foreign Corrupt practices Act”, por el cual se puede denunciar a los socios extranjeros de empresas americanas de actos de corrupción ante autoridades cometidos en otros países. Adicionalmente los de Italianni’s también podrían optar por demandar a cualquier compañía americana que esté asociada con Alsea, como es el caso de Starbucks, PF Changs o Burger King, por la conducta irregular de su socio. Uno de las letales consecuencias de esta acta es que, de encontrar culpable a Alsea en actos de extorsión, los Torrado podrían quedar boletinados con las empresas del ramo en el vecino país, lo que limitaría su poder de negociación para traer nuevas marcas. En otro ángulo de la disputa, en lo que puede interpretarse como una medida desesperada, fíjese que Alsea acaba de presentar una nueva denuncia ante la mesa investigadora 29-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales. La operadora de diversas franquicias pretende hacer creer que los socios de Italianni’s engañaron a Bancomer, que preside Ignacio Deschamps, para que les cancelaran una prenda que existía de las acciones de Grupo Amigos de San Ángel. Lo inaudito del caso es que la acusación se basa en delitos previstos en los artículos 112 y 113 de la Ley de Instituciones de Crédito y pretenden presentar a Alsea como agraviado, siendo que la ley sólo protege los derechos de Bancomer. La denuncia no tiene ningún fundamento pero Alsea ha recibido el apoyo de Roque Sabido, director Jurídico de Bancomer, por razones que no se explican, para presionar a sus funcionarios a riesgo de que declaren falsedades. El asunto llegó a tal extremo que el director de Banca de Empresas, José Luis Vega, renunció porque no aceptó que lo presionaran y ratificó que efectivamente la prenda se había cancelado el 3 de junio de 2008, como se demostró en los juicios. Lo que sorprende es que Alsea haya logrado que algunos funcionarios de Bancomer se prestaran a apoyar acciones irregulares de este tipo y sobre todo interferir en un conflicto ajeno. Y los funcionarios de la institución que no quisieron “cooperar” están tratando de ser denunciados por supuestamente haber cometido fraude, todo porque no quisieron actuar en calidad de cómplices con su plan. Italianni’s ya denunció los hechos ante el propio Deschamps y sus consejeros, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que maneja Guillermo Babatz y la Secretaría de Hacienda, que encabeza Ernesto Cordero. La desesperación de Alsea se deja ver en estas acciones, lo cual es patente desde que pretendieron inculpar a los socios de Italianni’s por delitos que nunca cometieron. MEXICANA: CLOACA Fernando Fernández de Córdova es otro personaje clave que se aprovechó de la situación de quiebra de Mexicana y que desde casi un año se subió al grupo de Arturo Barahona, Pablo Coballasi, Gerardo Lozano y Gerardo Badín, dizque para reestructurar financieramente y reflotar a la empresa. Fernández de Córdova, directivo de Shore Consulting Group, se terminó apropiando de los trabajos de redimensionamiento de la plantilla laboral que meses antes ya se había trabajado de forma interna en la propia aerolínea y los cobró como si los hubiera realizado. Anomalías de este tipo, a la que se agregan pagos discrecionales a acreedores, se multiplican a lo largo de los ya once meses que Mexicana se encuentra intervenida por un equipo de funcionarios que están ligados a la mal lograda administración de Gastón Azcárraga y que han cobrado con cargo a la caja de los pocos negocios que siguen en marcha y que generan flujos, no obstante que están en concurso mercantil, como es el caso de la base de mantenimiento. Toda esta información se está documentando en una auditoría que Banorte, de Roberto González Barrera, encomendó a un ejército de despachos externos para confrontar los datos financieros y contables reales de Mexicana contra la que en su momento Azcárraga y los suyos entregaron al banco para obtener el préstamo de casi mil millones de pesos. Digamos que la institución que capitanea Alejandro Valenzuela no se quedó cruzado de brazos y casi a la par de la declaración de quiebra de la línea aérea pidió una auditoría al expediente de crédito. Cuando Barahona, Badín, Lozano y compañía se enteraron hace ya un par de meses de este nuevo due-dilligenge que les estaba aplicando Banorte, intentaron persuadir al grupo financiero. Y es que se teme que la cloaca se destape, lo que puede dar por hecho que así será. LA SCT PREPARA Le adelantábamos que este martes pasado la SCT, que dirige Dionisio Pérez-Jácome, recibió las ofertas para iluminar, ventilar y señalizar electrónicamente los 55 puentes que integran la autopista Mazatlán-Durango. La oferta más alta fue la que presentaron Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y Tradeco, de Federico Martínez Urmeneta, con alrededor de mil 965 millones de pesos. Le siguió la española Indra comanda Ángel Visozo con cerca de mil 830 millones, Ingeniería y Servicios ADM con mil 825 millones, la también hispana Construcciones Aldhesa que lleva Javier Chávez y la igualmente ibérica ACS Servicios Comunicaciones de Florentino Pérez con casi mil 476 millones de pesos. Darío Celis es analista económico y de negocios. Correo: dariocelisestrada@gmail.com Twitter: @dariocelis