Y SIN EMBARGO

El principal problema de seguridad pública en Sonora es el narcotráfico. El comercio de estupefacientes es el causante de la mayoría de los asesinatos en nuestro medio y la principal forma de crimen organizado en el Noroeste de México. En este asunto público se manejan dos discursos o lógicas. Por un lado el discurso oficial tradicional que considera a los narcotraficantes como delincuentes comunes que trabajan por su cuenta, pero a los que casi nunca se aprehende y, cuando son detenidos, resultan bien defendidos por los abogados y liberados por los jueces. Por otro lado, la voz popular señala una amplia red de complicidad, protección de cuerpos policíacos y autoridades en este negocio sucio. ¿No será el momento de comenzar a discutir del tema? El corredor de Sonora Desde por lo menos la década de 1940, Sonora ha sido productor y principal corredor de paso para la mariguana y otros tipos de droga hacia los Estados Unidos. En el año 2000 se incautaron 2 mil 050 toneladas de mariguana en las carreteras de México. Más de la mitad de ésta se aseguró en Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Además, está también el tráfico aéreo de esta hierba en donde se habla de que los principales lugares de paso son las regiones desérticas de Caborca, Puerto Peñasco y Santa Cruz, en el Estado de Sonora. Por otra parte, está también el tráfico de la cocaína venida del Sur que se hace por vía aérea o marítima por la costa del Pacífico mexicano para ser desembarcada en Sonora y trasladada vía terrestre, en “operación hormiga”, a través de la frontera. En el año 2000 se aseguraron 12.1 toneladas de cocaína en las carreteras de México. De éstas la cuarta parte se hizo en Jalisco y Sonora (Datos tomados del Programa Nacional para el Control de las Drogas 2000-2006). En todos estos aseguramientos llama la atención que, por lo que se ve en las noticias, los operativos se reducen a la incautación de la “mercancía” y, si acaso, a la detención del chofer del vehículo, pero difícilmente van más allá, a la averiguación de los dueños de la carga y jamás se publican los nombres de los que los contrataron para ese trabajito. Se castiga al pecador que detiene la pata, pero no al que mata la vaca. ¿Qué pasa? ¿Se están haciendo guajes? El eslabón perdido La tesis que han manejado tradicionalmente los gobernantes mexicanos es que este negocio se hace por completo a sus espaldas. Es la tesis del “poder paralelo” de los narcotraficantes que actúan por cuenta propia y sin la protección de las autoridades. Sin embargo, según el investigador de la UNAM Luis Astorga, puede argumentarse en contra que, si en algún momento existió una cierta indiferencia o tolerancia de las autoridades hacia los cultivadores y traficantes, ésta no duró mucho pues muy pronto la elevada rentabilidad del negocio y el alto grado de impunidad con que se lleva a cabo parecen haber liberado las barreras éticas latentes para despertar una especie de habitus corrupto de algunos grupos dentro de las corporaciones coactivas y de los círculos de Gobierno, así como de otros grupos de poder económico de la sociedad civil, y haberlos decidido a participar de manera más activa y permanente, y muy probablemente hasta controlar y dirigir el negocio desde posiciones menos riesgosas, pero indispensables para su funcionamiento exitoso. Un poder “paralelo” no tendría tantos apoyos y padrinazgos oficiales. La frecuencia y evidencia de estos apoyos sugiere más bien que en las relaciones de poder dentro del campo del tráfico de drogas, los presuntos traficantes más mencionados, pero no aprehendidos y los que están en prisión ya sentenciados, no son necesariamente los únicos ni los más importantes en las mejores posiciones de dominio del campo. En función de lo expuesto, según expresa Astorga, la pregunta pertinente no deberá ser qué tanto ha “penetrado” o “corrompido” el tráfico de drogas el campo de la administración pública o el de los negocios legítimos, sino desde cuándo, cómo y en qué grado elementos de la autoridad, los aparatos de justicia y los grupos policiacos han participado en su desarrollo y consolidación. (Ver: Astorga, “Traficantes de drogas, políticos y policías en el siglo XX mexicano” en Vicios públicos, virtudes privadas, coordinado por Claudio Lomnitz, publicado por Miguel Ángel Porrúa, México, D.F. 2000). Tenemos entonces en Sonora un vacío muy grande. Por un lado sabemos que es el lugar por donde más se deja pasar la droga. Por otro lado, nadie sabe, nadie supo de responsables y autoridades involucradas en eso de dejar hacer, dejar pasar y hacerse de la vista gorda. ¿Es posible tener enfrente el negocio más grande y que las autoridades responsables estén exentas? Nicolás Pineda es investigador y analista político. Correo electrónico: npineda@colson.edu.mx