Eduardo Ruiz-Healy

La Casa Blanca dio a conocer la nueva Estrategia Nacional Antiterrorista de Donald Trump. En sus 16 páginas, los cárteles mexicanos quedan elevados a la primera prioridad de seguridad nacional y se advierte que Washington actuará en México aunque su gobierno “no pueda o no quiera” cooperar.

Cuando alguien se entrega voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, no lo hace por civismo ni por respeto a la ley. Lo hace porque calculó que litigar el caso ante un tribunal le costará más que cooperar.

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron esta semana en Pekín y ambos aparentemente obtuvieron lo que necesitaban.

Al final de su Gobierno, López Obrador le dejó a la Presidenta los casos de un Gobernador acusado de narcotráfico por una fiscalía estadounidense y de un almirante cuya supuesta integridad fue una operación de comunicación política. Es una herencia envenenada que ahora ella tiene que resolver.

México es un mosaico: Hay estados donde la reducción de la delincuencia ya es palpable en la vida diaria; hay otros donde el miedo persiste en el transporte público y en las pequeñas empresas.

Que se reduzcan a 157 indica muy bien lo poco que se valora en la SEP el tiempo en las aulas.

México no tiene que probar su inocencia. Quien acusa, prueba. El problema es que Trump ha decidido invertir esa carga y tratar una sospecha política como si fuera evidencia diplomática.

La inflación bajó en los costos de producción, pero no en la mesa de los mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía frente al SDNY y tiene razón en hacerlo.

Desde hace décadas, Suecia aplica un modelo casi idéntico: Abstinencia como norma, tolerancia cero y estigma al consumo. El resultado es una de las tasas de mortalidad por drogas más altas per cápita de la Unión Europea.

Arranca corto porque los aranceles de Trump y la volatilidad global han generado incertidumbre en torno a las decisiones de inversión.

Hasta ahora la presidenta Sheinbaum ha actuado con prudencia; la FGR respondió lo debido y el proceso sigue su curso.

Existe un Tratado de Extradición entre México y EE.UU que establece que estas solicitudes se tramitan por canales diplomáticos, mientras el país receptor las evalúa. Al publicar ese documento reservado, EE.UU rompió las reglas del juego.

Lo de ayer no tiene precedentes. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios y ex funcionarios, de traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Para vender la idea de que todo va bien, los titulares del IMSS y de la STPS presentaron sus datos.