EE.UU acusa: El narco no infiltró Sinaloa, lo gobernó

Eduardo Ruiz-Healy

Lo de ayer no tiene precedentes. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios y ex funcionarios, de traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. También, de portar armas automáticas y dispositivos destructivos. El fiscal federal del SDNY y el administrador de la DEA firmaron el comunicado difundido por el Departamento de Justicia de EE.UU. De acuerdo con ellos, el Cártel de Sinaloa, que fue designado organización terrorista por el Gobierno de Donald Trump, no infiltró al Gobierno sinaloense sino que éste era parte de esa organización criminal.

El expediente asegura que Rocha Moya no fue corrompido por el narco tras llegar al poder, sino que llegó al poder gracias al narco. Los Chapitos, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, habrían operado su campaña desde abajo: Robaron urnas, secuestraron a operadores de la oposición la víspera de la elección, amenazaron a rivales con nombre y domicilio en mano. ¿Quién pasó esos nombres? El empresario Enrique Díaz Vega, que fue secretario de Administración y Finanzas de Rocha. O sea, la corrupción no llegó después de la victoria sino desde que empezó la campaña electoral.

Ya como gobernador, Rocha Moya se reunió con los Chapitos y cumplió lo prometido. Les entregó la Fiscalía estatal, la Policía de Investigación, las policías Estatal y municipal de Culiacán. Dámaso Castro Saavedra, subprocurador, recibía 11,000 dólares mensuales por filtrar operativos. El ex comandante de la Policía de Culiacán, “Juanito” Valenzuela Millán, es acusado de secuestrar, torturar y matar a una fuente de la DEA en octubre de 2023. El ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, secretario general del anterior Gobierno del priista Quirino Ordaz y actual senador, Enrique Inzunza Cázarez, completa la lista. Diez en total. Todos de Morena.

Rocha Moya lo negó todo ayer mismo: “Categórica y absolutamente”. La SRE recibió las solicitudes de extradición y las remitió a la FGR con una nota: No adjuntan pruebas. ¿Es ese el primer parapeto para protegerlo?

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta ahora la decisión más difícil de su Gobierno. Su respuesta no debe ser defender al Gobernador ni agitar la bandera del intervencionismo porque tiene que demostrar que México es el primer interesado en limpiar sus propias instituciones. Eso exige cuatro movimientos concretos. Primero, asegurar que hoy no hay impunidad para nadie, sin importar el cargo ni el partido. Segundo, instruir a la FGR para que abra expedientes espejo sobre los funcionarios todavía en activo, empezando por el senador Inzunza Cázarez, sin esperar a que EE.UU marque el ritmo. Tercero, que la Secretaría de Gobernación evalúe con frialdad si Rocha Moya puede seguir al frente de Sinaloa porque la estabilidad del Estado y la paz social valen más que cualquier lealtad partidista. Cuarto, exigir formalmente que las pruebas en poder del SDNY se compartan con el Gobierno mexicano, no para obstaculizar el proceso sino para co investigar y recuperar soberanía real sobre el caso.

Lo que diga y haga la presidenta Sheinbaum en las próximas 48 horas dirá más sobre su Gobierno que cualquier discurso.

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