Advierten riesgo de conflicto social por cobros de hasta 400 mil pesos para titular predios en SLRC

San Luis Río Colorado, Sonora.–El conflicto por la regularización de predios en distintos ejidos de San Luis Río Colorado podría convertirse en un problema social si autoridades, ejidatarios y familias afectadas no alcanzan un acuerdo, advirtió la presidenta del Colegio de Licenciadas en Derecho, María de la Paz Cortés López.

La abogada señaló que existen familias que adquirieron sus terrenos hace entre 10 y 20 años por alrededor de 20 mil pesos, pero que actualmente enfrentan cobros de 300 mil y hasta 400 mil pesos para obtener la titulación de sus predios.

“Estamos hablando de personas que ya construyeron su vivienda, que hicieron de ese terreno su patrimonio y que hoy no tienen la capacidad económica para cubrir esas cantidades”, expresó.

San Luis

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Piden privilegiar el diálogo

Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión convocada por la activista Petra Santos, a la que acudieron entre 800 y mil personas para abordar la problemática.

Cortés López explicó que muchas de las familias no son invasoras, ya que recibieron contratos temporales otorgados por los propios ejidos, lo que dio origen legal a la posesión de los terrenos.

Indicó que corresponde al Registro Agrario Nacional (RAN) formalizar la titulación mediante los ejidos, por lo que consideró indispensable abrir una mesa de negociación antes de que el conflicto llegue a los tribunales agrarios.

Un juicio implica tiempo, dinero e incertidumbre para todas las partes. Lo más conveniente es encontrar un acuerdo que permita regularizar los predios con cobros justos”, señaló.

Cobros deben considerar la realidad de las familias

La presidenta del Colegio sostuvo que el costo de la titulación no debería calcularse como si se tratara de terrenos completamente urbanizados, ya que muchas familias adquirieron lotes sin servicios básicos y fueron ellas quienes construyeron sus viviendas con el paso de los años.

Agregó que entre los afectados hay personas adultas mayores, familias de escasos recursos y personas con discapacidad, por lo que propuso establecer criterios socioeconómicos para definir los cobros.

Asimismo, llamó a la población a no alarmarse por los avisos de cancelación de contratos colocados en algunas viviendas, al recordar que cualquier procedimiento debe seguir el debido proceso legal y, de no alcanzarse un acuerdo, corresponderá a los tribunales agrarios resolver la controversia.

“Si este tema no se atiende mediante el diálogo y la conciliación, sí puede convertirse en un problema social por el número de familias involucradas y porque está en juego el patrimonio de cientos de personas”, concluyó.