Gobernadora descarta influyentismo en caso de Vicentito; “se aplicará la ley”, asegura

Mexicali,B.C.-La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que en el caso de la muerte del menor Vicente, de 3 años de edad, no habrá ningún tipo de trato preferencial, pese a reconocer que conoce a los padres del niño.

La mandataria calificó como una tragedia lo ocurrido el pasado fin de semana en Mexicali, hecho que, dijo, ha conmocionado a toda la sociedad.

Es un tema que nos duele y nos lastima como sociedad. Le deseo paz a la familia de Vicentito”, expresó.

Ante cuestionamientos sobre una posible relación personal con la familia del menor y si esto podría influir en el proceso, Ávila Olmeda fue enfática en señalar que, aunque puede conocer a las personas en lo personal, su papel como gobernadora es distinto.

Marina podrá ubicar, conocer, tener amistades, pero la gobernadora no. Y en este y en todos los casos se imparte justicia y se aplica la ley, siempre”, declaró.

Reiteró que serán la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial quienes se encargarán de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho.

Caso podría agravarse

Por su parte, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que la investigación se encuentra sólida y con avances importantes, destacando la coordinación con el padre del menor.

Señaló que el caso podría agravarse conforme avance la investigación formal, debido a la gravedad de los hechos.

De acuerdo con la FGE, el menor habría permanecido por más de 12 horas al interior de un vehículo, presuntamente atado, mientras su madre consumía alcohol y utilizaba redes sociales.

Hasta 15 años de prisión

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó a Roxana “N” el delito de Homicidio por Omisión Impropia con Dolo Eventual, al considerar que no se trató de un descuido, sino de una conducta en la que la acusada habría sido consciente del riesgo que corría el menor.

La fiscalía indicó que, de ser encontrada culpable, la imputada podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

Andrade Ramírez subrayó que se actuará “con todo el peso de la ley y con todo el poder del Estado”, en busca de justicia para el menor.