Afinan leyes de seguridad en BC para reforzar coordinación y respuesta contra el delito

Mexicali, B.C.-En sesión extraordinaria, el Congreso de Baja California dio luz verde a una serie de reformas que buscan fortalecer la estrategia de seguridad en el estado y cerrar brechas legales que limitaban la actuación coordinada de las autoridades.

Los cambios alcanzan a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Las modificaciones, impulsadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, tienen como eje central armonizar la legislación estatal con el marco federal en materia de seguridad, particularmente con las reformas publicadas a nivel nacional en julio de este año.

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La intención, según se expuso, es garantizar una respuesta más eficaz frente a delitos de alto impacto y fenómenos complejos como la desaparición de personas.

Con este ajuste legal, Baja California busca empatar competencias y mecanismos de actuación entre corporaciones municipales, estatales y federales, además de fortalecer la reacción inmediata ante situaciones de riesgo.

También se plantea una estrategia más sólida para atender no solo los delitos, sino los factores que los generan, con acciones preventivas acordes a la realidad social del estado.

Entre los cambios destaca la obligación de compartir y actualizar información entre instituciones de seguridad, la regulación de los centros de comando y control, así como la posibilidad de crear instancias formales de coordinación entre municipios, estados y la federación.

A ello se suma el impulso a procesos de certificación y acreditación de corporaciones y personal, con la finalidad de elevar los estándares de operación.

Otro punto relevante es la creación de unidades de investigación especializadas, diferenciadas por función, lo que permitirá una procuración de justicia más eficiente y con mayor capacidad de respuesta.

Estas reformas se alinean con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.