Alertan impacto a ciudadanía por reforma a la Ley de Amparo

Mexicali, Baja California.- La reforma a la Ley de Amparo generada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada recientemente por el Senado ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que consideran que los cambios podrían limitar los derechos de los ciudadanos comunes.

Ana Lidia Soto Romero, fundadora del movimiento social Justicia para Amparito y especialista en derecho, aseguró que la iniciativa:

Le está quitando la esencia a la ley de amparo, al restringir la figura de suspensión provisional, uno de los pilares del juicio de amparo, mientras se investiga, tú no vas a estar en la cárcel, esa era la esencia de esta figura”, señaló.

Soto Romero advirtió que, aunque algunos cambios se presentan como dirigidos a grandes deudores fiscales, como Ricardo Salinas Pliego, los efectos de la reforma se sentirán en toda la población.

Mexicali

Legislador habla sobre la reforma a ley de amparo

“Nos va a afectar a todos, es una figura jurídica que nos la copiaron otros países por su solidez, y ahora la están desbaratando”, indicó.

La especialista destacó que la ley de amparo es uno de los aportes más importantes del sistema jurídico mexicano, diseñado para proteger a los ciudadanos frente a abusos de autoridad.

Nos están desbaratando instituciones por las que a nuestros antepasados les costó incluso la vida”, dijo, criticando la falta de transparencia en la aprobación de la reforma.

Soto Romero también alertó sobre posibles consecuencias económicas y políticas, “Esto está pintando un panorama negro, tanto jurídico como económico, los políticos nos mienten en la cara sobre la realidad”, afirmó, en referencia a la gestión de autoridades locales y nacionales.

La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados para su seguimiento y análisis, estableciendo restricciones en la suspensión del acto reclamado en juicios relacionados con deuda pública, lavado de dinero o impuestos, mientras mantiene la protección en derechos básicos como salario y vivienda.

Sin embargo, críticos sostienen que los cambios podrían debilitar la capacidad de los ciudadanos de defenderse frente a decisiones arbitrarias del Estado.