Señalan Grupos Pro vida consecuencias legales por practicar abortos

Debido a que la Constitución todavía protege la vida desde la concepción, podría haber consecuencias legales en contra del personal que practique el aborto, advirtieron representantes del Frente por la Familia en Baja California.

Marcela Vaquera, representan de dicha organización, aseveró que aunque la modificación al Código Penal despenaliza el aborto, las dependencias de salud deben acatar lo dispuesto en la Constitución.

Los integrantes del frente solicitaron nuevamente una audiencia con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y con el Secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas.

“No existe ni una Ley Federal que despenalice el aborto, y menos hasta los nueve meses, de nueva cuenta hacemos dos llamados, que se vete la Ley del Aborto, porque se comprometió a proteger la vida, y que nos reciba en una audiencia”, declaró Vaquera.

Advirtió que si realizan abortos podrían tener responsabilidades como servidores públicos, mientras que la Constitución sea la Ley Suprema del Estado, por lo que pidió que se asesoren bien sobre derecho Constitucional.

Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está facultada para emitir jurisprudencia y son obligatorias para las autoridades jurisdiccionales del País, no así para los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Marina del Pilar Ávila Olmeda, no tiene el sustento jurídico para publicar la despenalización del aborto en acato a la SCJN, debido a que no ha emitido una orden que obligue a los Estados a garantizar el aborto”, señalaron.“En Baja California constitucionalmente está protegida la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en el Congreso no se logró la votación suficiente para eliminar este derecho”, explicó que ninguna Ley secundaria estatal, puede contradecir dicho derecho.“Se solicita que cumpla con su obligación y se proteja la vida consagrada en la Ley del Estado”, informó Vaquera.

La representante del Frente por la Familia, mencionó que tenían conocimiento de que el documento para publicar en el Periódico Oficial del Estado, ya estaba en manos del Poder Ejecutivo, desde el lunes 8 de Noviembre.