Reclaman policías seguridad social en Baja California

MEXICALI, B.C.- A pesar de ser hipertenso, tener diabetes, asma y 61 años de edad, a Camilo Reyes Morales no lo suspendieron como agente de Custodia Penitenciaria, hasta que finalmente se contagió de Covid-19 y falleció el 25 de abril de este año, asegura su esposa y viuda, María Beatriz Silvestre.

Caso similar fue el de Manuel Arce Huerta, de 54 años, a quien obligaban a entregar una incapacidad cada 7 días en el Sistema Estatal Penitenciario. Tenía diabetes e hipertensión, y el Issstecali le había entregado un documento que lo calificaba como población de riesgo, pero no lo hicieron válido en su trabajo.

El 9 de junio, a las 8 de la noche, el agente penitenciario falleció en el Hospital General de Covid-19, luego de 23 años de servicio. Al igual que el caso anterior, las familias cubrieron los gastos funerarios y de prestaciones, pensiones o seguros de vida, no han sabido nada.

Omar Daniel Cabrales Oliva, fallecido en enero de 2018 en un choque de tránsito camino a su trabajo, dejó en el desamparo a su esposa y dos hijos, uno de ellos de educación especial, a quien sus propios compañeros le tendieron la mano para cubrir gastos funerarios.

Tijuana

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“Que les hagan justicia, porque hay muchas personas en el gobierno con todas las prestaciones y los policías están allá afuera, arriesgando su vida, y son a quienes dejan desamparados”, expresa su esposa Brenda Obeso Cabada.

Ante riesgos de trabajo, que incluyen enfermedades como el Covid-19 y los propios peligros que conlleva su profesión, cerca de 7 mil 800 policías en todo Baja California están desprovistos de seguridad social para ellos y sus familias.

Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías del Estado de Baja California, reprochó que desde hace 3 años no se ha cumplido con la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado.

PROTESTA

Este lunes por la mañana, los policías de distintas corporaciones se manifestaron en el Centro Cívico, frente al edificio del Poder Ejecutivo, para hacer público el malestar e inconformidad de las omisiones en las que han incurrido diputados, ayuntamientos y el gobierno estatal.

Desde la reforma al artículo 131 que no han incumplido, han contabilizado la muerte de 83 agentes en todo el estado y de distintas corporaciones, que han dejado en el desamparo económico a sus familias, entre ellos 38 caídos por Covid-19, entre ellos Juan Manuel Navarro, este domingo en Mexicali.

En ese tiempo han tenido 14 reuniones con el secretario de Hacienda, 10 reuniones con la alcaldesa de Mexicali, mesas de trabajo, dictámenes y análisis, y aún así, el avance no llega al 50%, pues se debe reglamentar la ley y agregar el presupuesto a la Ley de Egresos.

“Que le den la cara a los deudos, no podemos seguir pagando nuestros propios entierros, el decreto 125 de esta ley contempla todas las prestaciones que por derecho nos corresponden y a nuestras familias”, señaló.

En total dijo que son unos 350 millones de pesos, provenientes de recursos federales, los que deben presupuestarse anualmente, de los cuales unos 70 millones corresponden para Mexicali, unos 110 millones para Tijuana.

“Hemos sido respetuosos y educados, no vamos a abandonar a la ciudadanía, los que están aquí es gente que está de vacaciones, fuera de servicio, que no están en funciones, y nos parece injusto que viene Visitaduría a vigilar, es represión, como ciudadanos venimos a exigir un derecho”, agregó.

Como ejemplo señaló al agente de la Policía Penitenciaria, Cuauhtémoc Pérez Regalado, de Tecate, a quien hace 7 meses lo enviaron al Centro de Internamiento para Menores en Mexicali, sin viáticos ni apoyos de ningún tipo. Él encabeza el movimiento policial en aquel municipio.

Monreal Noriega advirtió que hay intención de los policías de Tijuana de interponer una denuncia por delitos de coalición de servidores públicos contra el ex alcalde Juan Manuel Gastelum, por el desvío de recursos destinados a la seguridad social de los agentes.

Las demandas de las corporaciones policiales serán entregadas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la próxima visita a Baja California.

En esta manifestación también estuvo Maricarmen Lupercio Chávez, viuda del agente Samuel Jiménez Vela, fallecido el pasado 15 de noviembre por un automovilista ebrio que chocó su patrulla. La mujer fue agente municipal y causó baja en el 2007 y pide a la alcaldesa que la reinstalen en su trabajo para sacar a su familia adelante.