Zona Sísmica

La factura de la inseguridad

La inseguridad sigue costando millones a los sectores productivos del País pues se estima que las empresas mexicanas pagaron el año pasado 161 mil 697 millones de pesos por pérdidas derivadas de delitos y gastos para protegerse.

Eso es lo que muestra la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Inegi, que además señala que más de la mitad de ese monto, 82 mil 740 millones de pesos, se destinó a medidas de protección desde alarmas, cámaras, seguros, seguridad privada y sistemas contra ataques cibernéticos, por lo que algunos lo considera como un verdadero “impuesto criminal” que resta recursos a la inversión, la innovación y la generación de empleos. El dato adquiere mayor relevancia cuando el 71.2% de las unidades económicas se siente insegura en la entidad donde opera y apenas uno de cada 100 delitos contra negocios obtiene una resolución favorable en las fiscalías estatales.

Justo ayer que se difundió ese estudio, el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la estrategia nacional de seguridad da resultado porque se reporta una reducción de 50% en homicidios dolosos en octubre de este año respecto a septiembre de 2024.

Es destacar el resultado de Baja California que, según la información oficial, registra una disminución en homicidios de 17.9%, una cifra favorable, aunque el desafío continúa para dar seguridad a la población y a las empresas.

LA INCERTIDUMBRE EN EL INE

Nada alentadora es la señal que envía la Cámara de Diputados con el retraso en la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE, sobre todo, porque el organismo sigue en medio de una crisis grave de institucionalidad.

Es importante lograr el consenso y eso ha prolongado el proceso de relevo de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) tras los escándalos y señalamientos de corrupción y conflictos de interés.

El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños, dice que es necesario llegar a acuerdos como lo explican también legisladores de otras fuerzas políticas porque consideran que se debe evitar que la nueva titular llegue cuestionada. Lo que preocupa es que ese proceso se convierta en una negociación partidista y que sólo aplace una decisión que importante para dar certeza al proceso electoral que está en marcha para organizar las elecciones en junio de 2027.

Mientras tanto, Guadalupe Taddei entregó las actas de su oficina fuera del plazo legal, según confirmó ayer la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz. Ese procedimiento quedó en manos del Órgano Interno de Control, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y denuncias que todavía no se traducen, según dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en información sobre carpetas de investigación por parte de la FGR.

Adicional al escenario completo que enfrenta el Instituto, está el recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos que los consejeros aseguran no afectará la organización electoral.

REGULARIZACIÓN SIN PREVENCIÓN

El Ayuntamiento de Ensenada reconoció ayer, durante la glosa de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, que mantiene 50 mil predios pendientes de regularización.

El titular de la dependencia, Cristhopher Sánchez Bañuelos, atribuyó las limitaciones para avanzar a la falta de presupuesto y capacidad operativa.

Por su parte, el regidor Armando Díaz Hoeflich cuestionó el procedimiento mediante el cual se otorgan claves catastrales provisionales que posteriormente pueden ser canceladas, así como la revisión de terrenos ubicados en zonas de riesgo.

El señalamiento cobra especial relevancia después de las consecuencias de la tormenta Rachel que dejó 10 personas fallecidas y viviendas sepultadas. Díaz Hoeflich destacó que algunas de esas viviendas estaban en fraccionamientos que regularizó Indivi. Más allá de las obligaciones administrativas que argumenta el Ayuntamiento, el desafío es fortalecer la supervisión y garantizar que ningún trámite de regularización pase por encima de la seguridad de las familias.