Zona Sísmica

Entre el agua y el olvido

Si nos atenemos a las versiones que presentan los funcionarios municipales de Ensenada en las glosas de las distintas dependencias ante el Cabildo, se empieza a entender cómo y por qué funciona como funciona el Ayuntamiento de Ensenada que encabeza Claudia Agatón Muñiz.

Tras el embate de la tormenta Rachel en Ensenada, donde el desbordamiento de arroyos dejó viviendas anegadas y vialidades destrozadas en zonas como Maneadero, la pregunta obligada en el Cabildo era obvia: ¿quién se encarga de desazolvar los cauces?

La respuesta de la Dirección de Servicios Públicos Municipales terminó por mostrar con claridad la negligencia administrativa. Carolina Rivas García, titular de la dependencia, no solo confirmó ante regidores y Sindicatura que actualmente no existe ningún convenio de colaboración vigente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para intervenir arroyos, sino que lisa y llanamente admitió desconocer cuándo venció el acuerdo anterior.

Se entiende que existen responsabilidades compartidas, lo que no se comprende es cómo ante un suceso del que se tenía previsto un gran impacto en la región no apuró a los responsables de advertir a las personas en riesgo a asegurarse de tener todo bajo control.

Que el Ayuntamiento asegure que realiza limpiezas “con autorizaciones verbales o trámites sobre la marcha” pero sin un instrumento jurídico formal retrata de cuerpo entero la improvisación con la que se atienden las contingencias climáticas.

La regidora Michelle Maldonado lo resumió en la glosa: A las familias damnificadas poco les importa el papeleo burocrático; lo que padecen es el agua negra metida en sus salas y el lodo bloqueando sus calles. Mientras las dependencias se pasan la bolita competencial y operan en el limbo legal con la autoridad federal, las cuencas siguen saturadas de basura y escombros a la espera del siguiente aguacero.

JUSTICIA QUE TARDA ES VIOLENCIA

La comparecencia del Poder Judicial de Baja California ante el Congreso del Estado suele ser una “pasarela” de números, informes presupuestales y discursos sobre modernización, pero este miércoles la realidad le salió al paso al magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López.

El reclamo directo y documentado de Paulina Gutiérrez Rubalcava evidenció el lado oscuro del sistema de justicia en el estado, uno en el que los laberintos burocráticos y la violencia institucional que revictimizan a quienes buscan protección es el que destaca.

Que una madre tenga que esperar diez años para que el presunto agresor de su hija sea vinculado a proceso, y que la menor haya permanecido seis años expuesta a la violencia intrafamiliar denunciada desde 2016, no es una simple dilación administrativa; es una falla estructural que no se entiende.

El señalamiento con nombres y apellidos de jueces y funcionarios que pasaron por el expediente retrata la indolencia de juzgados familiares donde los expedientes se van acumulando mientras las víctimas acumulan agravios.

Fragozo López recibió el documento en mano ante los diputados; ahora la duda es si habrá una revisión a fondo de las omisiones señaladas o si el reclamo quedará archivado, como suele ocurrir, en la larga lista de pendientes que el Poder Judicial prefiere no mirar.