Zona Sísmica

Medidas obligatorias

“No es si quieren o no quieren”, es lo que advierte la presidenta Claudia Sheinbaum a las plataformas digitales sobre el decreto que anunció como obligatorio para que retiren contenidos relacionados con violencia, acoso, explotación sexual, autolesiones y otras conductas de riesgo.

Después de los hechos violentos registrados en una escuela de Coahuila, el Gobierno federal pone lupa a las empresas de redes sociales sobre su responsabilidad en la protección de los menores de México, aunque no contempla sanciones por incumplimiento.

Con esta medida, dice la mandataria, se busca cerrar espacios a mensajes que pueden poner en peligro a la niñez y también incluye herramientas de supervisión parental, clasificación por edades y mayores controles de privacidad. Lo que explican los expertos es que el fin de estas acciones de las autoridades mexicanas es importante y puede ayudar, pero la protección de los menores es una corresponsabilidad que también involucra a la familia, escuelas, sociedad y autoridades.

SENTENCIA EJEMPLAR

Este viernes en Ensenada llegó a uno de sus puntos más álgidos el juicio oral en contra de los tres implicados en el asesinato de tres surfistas extranjeros ocurrido en abril de 2024: los hermanos australianos, Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense, Jack Carter Rhoad.

uego de un mes de iniciado el proceso en contra de Jesús Gerardo García Cota, alias “El Kekas”, Irineo Francisco García Montaño y Ángel Jesús León Aguilera fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio calificado; robo calificado, robo calificado cometido durante la noche, robo con violencia y robo de vehículo con violencia.

El triple homicidio representa uno de los capítulos de violencia en Ensenada más destacados en los años recientes, debido principalmente al hecho de tratarse de tres ciudadanos extranjeros que, realizando actividades turísticas de las que tanto se promueven en Baja California, encontraron una horrible muerte.

Y aunque la ley en el estado fija un tope máximo de 60 años en prisión, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Ma. Elena Andrade Ramírez, solicitó penas acumuladas que superan los 210 años, no se trata de un mero trámite simbólico, sino una estrategia jurídica.

Al calcular y sumar individualmente las sanciones por los tres homicidios calificados y los delitos de robo, la Fiscalía blindó el veredicto: si en el futuro la defensa logra apelar o anular la sentencia de alguno de los cargos mediante amparos, el cúmulo de años restantes seguirá siendo tan abrumador que garantizará que los agresores no salgan libres antes de cumplir el límite legal de 60 años.

Además, esta abrumadora suma matemática impacta directamente en los beneficios de una posible preliberación, anulando cualquier posibilidad de que los sentenciados aspiren a una reducción de condena o libertad anticipada por buen comportamiento.

Más allá del aspecto técnico, dictar una pena de más de dos siglos envía un mensaje de severidad institucional que reconoce de forma individual el valor de cada una de las vidas arrebatadas, ofreciendo un sentido de justicia integral tanto para la sociedad como para las familias de los tres jóvenes.