Zona Sísmica

Derechos de las audiencias

Luego de toda la controversia que desataron los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias impulsados por el Gobierno federal ya son una realidad y entrarán en vigor dentro de 30 días naturales.

Con la primera presentación de este proyecto hecha hace unas semanas por la consejera jurídica Luisa María Alcalde hubo inconformidad y diversas voces coincidían en señalar que su fin era la censura.

Eso llevó a realizar una consulta con representantes de la radio y la televisión, quienes expresaron sus inquietudes por la ambigüedad de algunos enunciados.

Del lado del Gobierno federal defienden estas nuevas reglas publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como necesarias para la protección del derecho a la información, frenar la publicidad engañosa y garantizar la libertad de expresión.

Sin embargo, lo que persiste es la preocupación por las sanciones económicas previstas en estas normas, donde acusan que el Gobierno es juez y parte, además siguen las críticas y cuestionamientos sobre si estos lineamientos son tan positivos para proteger los derechos de la audiencia por qué no se aplican a las conferencias de prensa de los gobernantes.

Será hasta que se presenten las disputas cuando se conocerá el alcance real y propósito de estas normas.

TRANSPORTE ¿SEGURO?

El pasado 17 de agosto un fuerte accidente que involucró a un vehículo particular y una unidad del transporte público, ocurrió justo a unos metros del IMOS, la dependencia encargada de regular la operación de las líneas de transporte en el estado.

A más de diez días de aquel fatídico accidente en el que fallecieron cinco personas y resultaron numerosos lesionados, algunos de ellos aún hospitalizados, los familiares de las víctimas siguen buscando quién responda por los daños y por las cuentas de la atención médica de sus seres queridos que solo siguen creciendo.

Para el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), el accidente parece resumirse a un número de serie, una póliza en la pantalla y un estire y afloje de competencias.

Pero para la gente de a pie, la historia es muy distinta: es la angustia de ver a un familiar en el hospital, el dinero que no alcanza para las medicinas o el dolor de despedir a un ser querido.

Cuestionado por la presunta falta de respuesta de la empresa transportista, el director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete respondió que “hace falta un protocolo para enterarse bien de los nombres de las víctimas”.

Pero a las familias en medio de la tragedia no les importa quién llegó primero, si la Cruz Roja, la Policía o los inspectores; lo que necesitan es que alguien dé la cara y se haga responsable por las víctimas que viajaban a bordo de una unidad de transporte público.

No debe ser muy reconfortante para las víctimas y sus familiares escuchar al responsable de la dependencia recomendarles verificar que las unidades de transporte cuenten con una póliza vigente, cuando es el IMOS el que debe verificar que el transporte concesionado cumpla con todo aquello que le exija la autoridad, como lo es contar con una póliza de seguro vigente.