Zona Sísmica

Privilegio, no un derecho

Luego de que trascendiera que Estados Unidos canceló la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, cobró relevancia en redes sociales un video difundido a finales de 2025 por el vocero de la Embajada de EE.UU, David Arizmendi, en el que explica las razones por las que una visa puede ser revocada.

El material volvió a circular y generó interés al recordar las reglas bajo las cuales opera el Departamento de Estado de Estados Unidos para la emisión y cancelación de visas.

En el video, Arizmendi señala que la visa de cualquier ciudadano extranjero puede ser cancelada en cualquier momento, a discreción del Gobierno estadounidense, cuando existan razones que así lo justifiquen.

Explica que una visa no constituye un derecho, sino un privilegio, por lo que cada país tiene la facultad de determinar quién puede ingresar a su territorio.

La medida, agrega, puede aplicarse a cualquier ciudadano extranjero, independientemente de que se trate de un particular o de un funcionario público.

Entre las causas que pueden llevar a la cancelación de una visa mencionó permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la salud pública o involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o brindar apoyo a grupos terroristas.

Arizmendi también aclaró que para cancelar una visa no necesariamente debe existir una condena penal.

De acuerdo con su explicación, basta con que las autoridades estadounidenses consideren que existen elementos suficientes para determinar que la permanencia de una persona en el país o el otorgamiento de una visa no resulta conveniente a los intereses de Estados Unidos.

La difusión del video ocurrió nuevamente en redes sociales luego de que se conociera la presunta cancelación de la visa de López Beltrán, lo que generó reacciones y comentarios en distintos círculos políticos del País.

SIN PAPELES, NO HAY INHABILITACIÓN

El Ayuntamiento de Rosarito no ha podido dar seguimiento a la inhabilitación de Nora Elisa Márquez Carbajal, directora de la Prodeur.

Y es que la semana pasada se dio a conocer la inhabilitación de la ex directora del Implan por parte de la Sindicatura de Tijuana, junto a otros 9 funcionarios que trabajaron en la administración de Montserrat Caballero, por 1 año.

El síndico de Rosarito, Ricardo Bejarano Núñez, informó que aunque se dio el anuncio no hay un documento oficial que les permita iniciar un proceso.

Agregó que ya se solicitó información oficial del caso, pero se indicó que dicha información tenía carácter de clasificada.

El problema es que, mientras el documento no aparece, Márquez Carbajal continúa desempeñando un cargo directivo en Rosarito.

La situación deja una pregunta inevitable: ¿existe realmente una inhabilitación vigente o se trata de una sanción que todavía no puede hacerse efectiva?

Si la Sindicatura de Tijuana resolvió el procedimiento, lo menos que debería ocurrir es que exista constancia oficial y que las autoridades involucradas tengan acceso a ella.

Si, por el contrario, la información permanece clasificada y ni siquiera figura en el registro público correspondiente, entonces la ciudadanía difícilmente puede saber cuál es la situación jurídica real de la funcionaria.

Lo que no puede quedar en medio de esta disputa burocrática es la certeza sobre quién puede y quién no puede ocupar un cargo público.

Porque si hay una inhabilitación, debe cumplirse.

Y si no existe un documento que la sustente, también debe aclararse.