Hay algo que me preocupa profundamente.
A lo largo de la historia, los gobiernos autoritarios siempre han querido controlar lo que la gente escucha, lee y piensa. Antes lo hacían cerrando periódicos, encarcelando periodistas o prohibiendo libros. Era una censura abierta, descarada, como paso por ejemplo en Venezuela. Hoy las cosas son distintas. Ya no hace falta cerrar un medio de comunicación. Basta con hacer tan costoso informar, que el propio medio decida guardar silencio.
Y eso es precisamente lo que preocupa y muchos especialistas advierten sobre la llamada Ley de Telecomunicaciones que impulsa el Gobierno Federal. Imagine usted que es dueño de una estación de radio o de un canal de televisión. Uno de sus periodistas llega con una investigación sobre un caso de corrupción, una obra pública cuestionada o alguna decisión polémica del gobierno.
Pero antes de publicarla usted piensa: “¿Y si la autoridad considera que esta información es falsa? ¿Y si me imponen una multa millonaria? ¿Y si ponen en riesgo la concesión con la que trabajo? ¿Qué haría?
Lo más probable es que le dijera al periodista: “Mejor deja ese tema.” Y así, sin prohibir nada de manera directa, la censura ya hizo su trabajo.
Eso tiene un nombre: autocensura, la noticia que nunca se publica, la pregunta que nadie se atreve a hacer, la investigación que se queda guardada en un cajón.
Y aquí quienes pierden no son únicamente los periodistas, perdemos todos los ciudadanos. Porque una sociedad bien informada necesita escuchar distintas voces, comparar opiniones, investigar, dudar y sacar sus propias conclusiones. Esa es la esencia de una democracia. Por supuesto que el periodismo debe actuar con responsabilidad. Debe verificar la información, corregir cuando se equivoca y respetar la ética profesional. Pero esa ética debe construirse entre los medios, los periodistas y la sociedad, nunca desde el poder.
Es decir, en una Democracia, ningún gobierno debe ser el árbitro que decida qué información puede difundirse y cuál debe castigarse. No olvidemos que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Muchos comunicadores han pagado con amenazas, persecución e incluso con su vida el simple hecho de investigar y denunciar. En la Ley de Telecomunicaciones se añade un nuevo motivo para silenciarnos... ¿Queremos esto?
Porque recordemos, la libertad de expresión no pertenece solamente a los periodistas y medios de comunicación, nos pertenece a todos. Ya que cuando un periodista deja de hacer una pregunta por miedo, el ciudadano pierde el derecho de conocer la respuesta.
La realidad es que las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe. Primero llega el miedo, después la autocensura, y luego… el silencio. Y cuando la sociedad descubre que ya nadie cuestiona al poder… normalmente ya es demasiado tarde.
Aun estamos a tiempo, hoy más que nunca debemos defender el derecho a expresarnos libremente. No para proteger a los medios, sino para proteger algo de mayor y vital importancia: Nuestra propia Libertad.
¡Mujer mexicana, forja tu Patria!
*- La autora es consejera familiar.
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