Destrucción del patrimonio arqueológico

Hay imágenes que hablan mucho más fuerte que cualquier discurso. Esta semana vimos al licenciado Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia de Baja California, rodeado de patrullas, sujetado del cuello y exhibido ante las cámaras como si ya hubiera sido declarado culpable. Confieso que esa imagen me dolió, y estoy segura de que a muchos bajacalinianos también. No porque las autoridades no deban investigar cuando se sospecha de algún delito, claro que deben hacerlo, pero porque en un estado de derecho nadie debe estar por encima de la ley. Lo que me preocupa, es que tampoco nadie debe ser tratado como culpable antes de que existan pruebas y un juez determine si es culpable o no. La justicia no puede ser un espectáculo.

Quienes hemos seguido de cerca la trayectoria de Ernesto Ruffo sabemos que no estamos hablando de cualquier político. Fue el hombre que en 1989 abrió una puerta que muchos creían imposible. Demostró que la democracia sí podía vencer al poder absoluto. Por eso resulta todavía más difícil entender la forma en la que se está manejando este caso. Hace meses, cuando surgieron los primeros señalamientos, Ernesto Ruffo dio la cara, entregó documentos, se presentó ante las autoridades, no huyó, no se escondió, no desafió a la justicia. Entonces surge una pregunta que muchos nos hacemos.

¿Era realmente necesario montar un operativo de esa magnitud y exhibirlo públicamente? Sobre todo cuando Baja California vive uno de los momentos políticos más delicados de los últimos años. Mientras toda la atención se concentraba en este caso, otros temas de enorme importancia dejaron de ocupar el interés público. Es natural que los ciudadanos se pregunten si la justicia está actuando con el mismo rigor para todos.

La ley debe aplicarse igual a cualquier persona, sin importar apellidos, sin importar cargos o el partido político al que pertenezca. Si Ernesto Ruffo cometió un delito, que se presenten las pruebas y que un juez imparcial resuelva conforme a derecho. Eso es lo que se debe hacer en cualquier democracia realmente. Pero si las pruebas no existen o no son suficientes, usar el aparato del Estado para desacreditar públicamente a una persona no solo afecta su nombre, también lastima la confianza de los ciudadanos en las instituciones que se supone deberían de protegernos. Por eso hoy quiero expresar mi solidaridad con Ernesto Ruffo Appel. No porque crea que alguien deba tener privilegios ante la ley, sino... Porque creo en la ley.

Creo que la justicia no necesita humillar para demostrar su autoridad, necesita pruebas. Y eso es precisamente lo que todos los mexicanos debemos exigir.

Mujer mexicana, forja tu patria.

*- La autora es Consejera Familiar.